"Hoy [el 11 de septiembre] se dio un gran paso hacia la verdad. La justicia salvadoreña sigue en deuda", declaró el Instituto para la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), impulsor de la causa en esta nación centroamericana.
La Audiencia Nacional de España condenó a 133 años de prisión a Montano, coronel retirado y viceministro de Seguridad Pública de la Fuerza Armada de El Salvador, por su papel en la masacre de cinco jesuitas españoles y dos colaboradoras salvadoreñas en noviembre de 1989.
"Aunque se restarán los años que [ya] estuvo en prisión [Montano], esta es una condena histórica", destacó la Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho en El Salvador (Fespad), otra organización que trabaja por la justicia transicional en el país.
La Tandona ordenó matar a Ellacuría, utilizando para ello unidad del batallón de élite Alacatl —entrenado por EEUU— con órdenes de no dejar testigos y simular que su muerte se había producido en una confrontación militar con la guerrilla.
Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, dijo a Sputnik que el juicio en España contra Montano emplaza al sistema judicial salvadoreño para que investigue y procese a los demás responsables, cuyos nombres ya eran conocidos y ahora fueron confirmados.
"Hay un interés en resaltar las responsabilidades individuales, para ocultar la responsabilidad institucional de la Fuerza Armada, que fue cooptada durante el conflicto armado por la Tandona", acotó Escalante.
En abril de 2018, un juzgado salvadoreño anuló el sobreseimiento de los generales retirados Orlando Zepeda, Juan Rafael Bustillo, Humberto Larios, Francisco Fuentes y René Ponce, el coronel Montano y el expresidente Alfredo Cristiani, por su responsabilidad en el crimen.
Sin embargo, a cuatro años de la derogación de la Ley de Amnistía no hay avances en el caso, y algunos acusados ya han muerto sin responder por sus crímenes ante la justicia y las víctimas.
