"Definitivamente se ha hecho justicia en España, pero falta que se haga justicia en El Salvador. Es un claro mensaje para las autoridades salvadoreñas, porque aquí sigue imperando la impunidad", dijo a Sputnik el abogado, presidente de la Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho en El Salvador (Fespad).
El 11 de septiembre, la Audiencia Nacional de España condenó a 133 años de prisión a Montano, coronel retirado y viceministro de Seguridad Pública de la Fuerza Armada de El Salvador, por su papel en la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras en la casa pastoral de la Universidad Centroamericana (UCA), en noviembre de 1989.
El activista consideró empero que la sentencia fue "significativa y simbólica, pero parcial", pues en el banquillo debieron estar otros autores materiales e intelectuales del crimen, en alusión a los integrantes de la promoción militar de 1966, conocida como "La Tandona".
Un juzgado salvadoreño anuló en 2018 el sobreseimiento de los generales retirados Orlando Zepeda, Juan Rafael Bustillo, Humberto Larios, Francisco Fuentes y René Ponce, el coronel Montano y el expresidente Alfredo Cristiani, por su responsabilidad en la masacre de la UCA, pero el proceso permanece estancado.
"Son las víctimas, su dignidad y derechos, quienes nos marcan el rumbo para tomar consciencia y promover la memoria histórica", agregó el titular de Fespad, una de las organizaciones que lucha por la justicia transicional para las víctimas del conflicto armado en El Salvador (1980-1992).
Una Comisión de la Verdad enviada por Naciones Unidas determinó que esa guerra dejó unos 75.000 muertos, y numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército, la Guardia Nacional y los Escuadrones de la Muerte, y en menor medida por la guerrilla.