"En lugar de proponer reformas a la Constitución, su obligación es cumplirla", recalca un comunicado suscrito por siete organizaciones preocupadas por los antecedentes de violaciones a la Carta Magna durante la actual administración, especialmente durante la pandemia del COVID-19.
Las organizaciones firmantes son:
- Acción Ciudadana,
- la Asociación Nacional de la Empresa Privada,
- el Centro de Estudios Jurídicos,
- la fundación Democracia, Transparencia y Justicia,
- la fundación Nacional para el Desarrollo,
- la fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social,
- el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
"La toma militar de la Asamblea Legislativa [el pasado 9 de febrero] y las violaciones a la Constitución y a los derechos fundamentales durante la epidemia demuestran un irrespeto sistemático del presidente a la Constitución", advierten los firmantes.
El texto señala que los funcionarios únicamente pueden hacer lo que mandatan la Constitución y las leyes, ninguna de las cuales facultan al presidente para participar en el proceso de reformas constitucionales, ni para proponerlas.
La pasada semana trascendió aquí que Bukele firmó a finales de agosto un decreto ejecutivo para delegar en el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, la conformación y supervisión de una comisión encargada del estudio y propuestas de reformas a la Constitución.
Ulloa negó que el Ejecutivo promueva un análisis de artículos separados, sino del "marco normativo en su conjunto", desde el preámbulo hasta el último artículo, y achacó la discreción al respecto al carácter técnico de la tarea.
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, descartó que el objetivo de las reformas sea garantizar una eventual reelección de Bukele, lo cual está prohibido en la Constitución actual.