"[La demanda busca precisar] los alcances constitucionales de la competencia del Congreso para declarar una vacancia [destitución] presidencial por permanente incapacidad moral que garantice el ejercicio de las competencias que la Constitución Política de 1993 le otorga al Poder Ejecutivo durante el período de 5 años por el cual ha sido elegido, evitando a su vez que sea empleada de forma arbitraria como mecanismo de control político y sanción para dar por concluido de forma anticipada un mandato presidencial", indica el documento.
El 10 de septiembre, Vizcarra denunció el intento de sectores del Congreso para destituirlo, acusando a estos de querer usurpar el poder para perpetuarse en él, y afirmó que no renunciaría al cargo.
Al día siguiente, el Parlamento aprobó el pedido de destitución bajo la figura constitucional de "incapacidad moral".
El sábado 12, la ministra de Justicia, Ana Neyra, comunicó al país la decisión de llevar el tema al TC.
A Vizcarra se le acusa de estar involucrado en la contratación ilícita de un ciudadano peruano para que ejerza labores en el Ministerio de Cultura, hecho que fue denunciado el miércoles 9 por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, a través de la difusión de conversaciones privadas entre el jefe de Estado y su exasistente.
