"La autoridad judicial ha dispuesto la notificación, la emisión de un edicto, para que el señor Morales, en un plazo de diez días, pueda apersonarse ante la autoridad judicial", dijo Lanchipa a reporteros, tras una audiencia con una comisión parlamentaria.
Lanchipa rehusó dar más detalles sobre el proceso, basado en una grabación de una llamada telefónica en la que un supuesto Morales conversa con un dirigente campesino dándole instrucciones para un bloqueo carretero que incluso dejaría sin alimentos a las ciudades.
Presión oficial
El fiscal general anunció la citación a Morales horas después de que el Gobierno aumentara su presión sobre la fiscalía por supuestas demoras en varios juicios con los cuales el Ejecutivo parece buscar una inhabilitación política y civil definitiva de Morales.
"Nosotros pedimos al Ministerio Público que podamos tener mayor celeridad en estos procesos que el pueblo boliviano está esperando", dijo en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
La denuncia afectaba también el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana -refugiado desde noviembre en la residencia diplomática mexicana en La Paz-, al exviceminsitro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada -exiliado en México- y a funcionarios de menor rango.
Los procesos impulsados por el Gobierno de Áñez y decenas de sus colaboradores y seguidores, y particularmente el caso de terrorismo, fueron denunciados la semana pasada como persecución política por la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Estados Unidos.
Añadió que el Gobierno de Áñez cayó en "abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su Gobierno", impulsando procesos con "cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva".
La presidenta Áñez dijo el pasado fin de semana que invitaría a HRW a visitar de nuevo Bolivia.
