El Gobierno de España aprueba el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

El anteproyecto de ley fue elaborado por el equipo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Esta nueva normativa busca prohibir que fundaciones que enaltezcan figuras dictatoriales o ideas totalitarias dejen de recibir dinero público y que se puedan ilegalizar organizaciones como la Fundación Francisco Franco u otras que hagan apología de la dictadura franquista.

La vicepresidenta Calvo explicó que la nueva Ley tiene un objetivo claro: "El reconocimiento, la reparación y la dignidad y la justicia para las víctimas. Para nuestros compatriotas que lucharon contra el fascismo y en muchos casos perdieron la vida". 

Este anteproyecto, que derogará la Ley de Memoria Histórica de 2007, también establece la creación de un banco de ADN para víctimas desaparecidas, un régimen sancionatorio que permita evitar ofensas y humillaciones a las víctimas y sus familiares en espacios públicos, la retirada de condecoraciones a título póstumo a personas acusadas o vinculadas a las torturas o violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, y la creación de una fiscalía que permita investigar los crímenes cometidos hasta que entró en vigor la Constitución de 1978.

​También establece el 31 de octubre como día oficial de recuerdo y homenaje a las víctimas y el 8 de mayo para recordar a los antifascistas españoles. La nueva normativa permitirá la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho a la información pública que requieran las víctimas y familiares para esclarecer los casos, el reconocimiento y reparación de aquellas personas que fueron obligadas a realizar trabajos forzados.

Además, se permitirá la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España descendientes en primer y segunda generación de aquellos que tuvieron que exiliarse por razones políticas. También se reconocerá el papel de las mujeres durante la guerra y la dictadura, se anularán las condenas del franquismo que permitieron vestir de legalidad las ejecuciones, se quitarán títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo y se resignificará el Valle de los Caídos para convertirlo en un espacio de memoria y homenaje a las víctimas, como un cementerio civil protegido por el Patrimonio Nacional. "Un cementerio donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos, sus familias también", destacó la ministra Calvo en su comparecencia.

De este modo, el Consejo de Ministros español dio luz verde a uno de los primeros trámites para impulsar esta nueva norma, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica que aprobó en 2007 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con ella, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere responder a algunas de las demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales que exigen a España ponerse al día para enmendar las violaciones a los derechos humanos que se produjeron bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Con 66 artículos, este proyecto resulta "un paso importante" para el Ejecutivo y para "la democracia española", afirmó Calvo, por su "compromiso de homologación" con "la defensa estricta de los derechos humanos" en España. "Nunca más España debe perder sus libertades. En el horizonte de ser un Estado moderno nos toca ahora profundizar la democracia y mejorarla al máximo para trasladarla a las generaciones futuras. Nunca más requiere que todos sepamos y estemos formados", manifestó la también ministra de Memoria Democrática.

Con esta norma, el Estado español prevé asumir por completo los costes de la apertura de tumbas de las miles de víctimas del régimen que fueron enterradas en fosas comunes. Mediante un plan estatal de exhumaciones, el Ejecutivo trabajará para identificar los restos humanos y establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura que incluirá también a exiliados y represaliados. El Gobierno movilizará recursos públicos para costear la extracción y las posteriores pruebas genéticas y creará un Banco Nacional de ADN para garantizar una identificación fiable.

Otra de las principales novedades de la ley es su carácter sancionador, a diferencia de la de 2007, que incluye multas de hasta 100.000 euros para aquellos que vulneren la normativa.

La intención del Gobierno es que la nueva norma se incluya además en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de las escuelas, para que los niños adquieran conciencia sobre el pasado del país. Calvo advirtió que se trata de una ley que "tardará mucho en el tiempo" para "poder aplicarse hasta el final", por lo que el Gobierno prevé planes cuatrienales para sacar adelante sus objetivos.

De momento, el texto tendrá que pasar por los órganos consultivos para volver al Ejecutivo y posteriormente comenzar a los trámites para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

​La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, expresó su satisfacción por esta nueva normativa porque "es fundamental que todos los españoles y españolas sean conscientes de lo que significó el fascismo en España, la dictadura de Franco, quiénes fueron las víctimas de esa dictadura (…) sobre todo ahora, cuando hay muchos diputados y algunos senadores que representan a la ultraderecha y quieren pervertir el análisis de nuestra historia como país", aseguró.