"El señor juez y sus colaboradores vinieron a San Salvador, se presentaron a las instalaciones del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada y se les ha denegado el acceso, ha sido bloqueada la inspección de los archivos", confirmó el abogado David Morales, demandante en el juicio por dicha matanza.
El pasado 28 de agosto el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional abrir sus archivos a los investigadores de la que es considerada la peor masacre del hemisferio occidental, perpetrada por el batallón Atlacatl como parte de la estrategia contrainsurgente Tierra Arrasada.
Para Morales, esta negativa solo es posible con órdenes del alto mando del Ejército, desde el presidente de la República, Nayib Bukele, hasta el ministro de Defensa, René Merino, quien la semana pasada solicitó a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la inspección, por considerarla ilegal.
"Es una posición de protección a criminales de guerra, una violación a los derechos humanos y un desprecio por las víctimas del conflicto armado", insistió Morales, quien consideró que este bloqueo envía un mensaje de impunidad.
La corte de San Francisco Gotera ordenó además el pasado 29 de agosto resguardar los archivos militares que serían revisados a partir de este 21 de septiembre por peritos especializados, para evitar su posible ocultamiento.
El magistrado señaló entonces que este juicio tiene trascendencia internacional por abordar delitos de lesa humanidad, y llamó a las instituciones a garantizar la inspección y proteger a las partes y a los archivos militares.
Reacción del ombdusman
Pir su parte, el ombdusman de El Salvador, Apolonio Tobar, lamentó la negativa de la Fuerza Armada de permitir el acceso a sus archivos al juez.
"Lamentable, triste, vergonzoso… Es un día oscuro para El Salvador", declaró Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tras conocer sobre la negativa de los militares a cumplir la orden judicial de abrir los archivos.
"Este es un tema nacional, que todos conocemos, y por el respeto que merecen las víctimas y sus familiares los archivos militares deben abrirse, se debe conocer la verdad de los hechos ocurridos en el conflicto armado que generaron graves afectaciones a los derechos humanos", replicó Tobar.
"Ese proceso debe servir de ejemplo para no continuar en la impunidad, y para realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y el pueblo tenga garantías de no repetición", enfatizó.
Tobar también reclamó al presidente Nayib Bukele por la promesa que hizo a inicios de su gestión, de facilitar el acceso a los archivos militares, mientras su ministro de Defensa, René Merino, intenta bloquear la inspección.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.