Tras la aprobación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (2012), el matrimonio igualitario (2012), la legalización de la marihuana (2013), o la ley integral para personas trans (2018), Uruguay busca estar nuevamente a la vanguardia en un tema de discusión mundial y convertirse en el segundo país de América Latina después de Colombia en legislar sobre el tema.
El texto fue presentado en marzo por el diputado del Partido Colorado (centro-derecha), Ope Pasquet, y se centra en eximir de responsabilidad penal al personal médico.
"Lo que la ley hace es establecer que no es delito la conducta del médico que ante la solicitud de una persona que se encuentra cursando la etapa final de una enfermedad incurable, irreversible o que está experimentando sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayuda a darse muerte; eso de acuerdo con la legislación actual es delito", dijo el legislador oficialista a Sputnik.
A su vez "le da una solución a gente que la necesita. Una solución legal, transparente y con garantías, que es a lo que tenemos que aspirar", agregó Pasquet.
"Solicitar que te ayuden al bien morir, a morir dignamente, sin pasar por esas situaciones terribles que muchas personas hemos tenido cerca y sabemos lo que es eso, estar viendo sufrir a una persona querida de una manera tan tremenda sin que nadie le facilite este tránsito y sin haber cura o mejoría posible", expresó Isabel Villar, integrante del grupo.
Posturas
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) encargó este año dos encuestas de opinión sobre el tema, dirigidas a la ciudadanía y al cuerpo médico, como un insumo para aportar al debate.
Entre la comunidad médica los resultados fueron similares: 82% dijo estar a favor de la eutanasia y 58% apoya el suicidio asistido.
Además, más de la mitad los médicos (53%) dijo que estaría dispuesto a realizar la eutanasia.
"[El resultado] está acorde con otro dato que da la encuesta, que es que casi más de dos tercios de los médicos vivió con un paciente en los últimos dos años una situación de agonía, de sufrimiento insoportable previo a la muerte y eso de alguna forma nos pone cerca del tema, empatizando con las personas en esas etapas. Sabemos de lo que hablamos, sin tener ninguna verdad absoluta sobre otras", dijo el integrante del Comité Ejecutivo del SMU, Federico Preve.
Por su parte, la Conferencia Episcopal del Uruguay se pronunció en contra de la legislación.
El religioso agregó que la Iglesia también es contraria al "ensañamiento terapéutico".
"No hay que mantener artificialmente en vida a ninguna persona, pero menos ofrecerle lo que puede ser el suicidio asistido o la eutanasia, porque nadie es dueño de la vida sino solo Dios", expresó Sturla.
Cuidados paliativos
El Parlamento también tiene pendiente de tratamiento un proyecto de ley presentado en agosto por la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP), que busca universalizar la implementación de ese tipo de atención en el país, a la que actualmente accede solo 50% de la población.
"La ley de cuidados paliativos debería ser la primera herramienta, la garantía del acceso al derecho primero que nada; no decimos no discutir esto [por la eutanasia], esto es un dilema ético, la eutanasia es y será un dilema ético acá y en todo el mundo, pero primero hay que garantizar ese acceso a la salud de todos los uruguayos", dijo a Sputnik la referente del Programa de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y expresidenta de la SUMCP, Adriana Della Valle.
Della Valle consideró que una vez que los cuidados paliativos estén garantizados, "las solicitudes o los requerimientos que pacientes en situaciones difíciles puedan realizar acerca de la eutanasia van a dejar de existir".
Voluntad del paciente
Para Pasquet, eutanasia y cuidados paliativos son dos temas distintos, por lo que sería un error oponerlos.
"Sería una falsa oposición; yo creo que está muy bien que existan las dos cosas: los cuidados paliativos y al mismo tiempo la posibilidad de la eutanasia o un suicidio medicamente asistido, y que sea el paciente el que pueda elegir uno u otro, o primero uno y luego lo otro", expresó.
En el mismo sentido se pronunciaron desde Madu.
En Uruguay se aprobó en 2009 la ley de voluntad anticipada (18.473), que permite a las personas elegir no recibir tratamientos que le alarguen la vida innecesariamente.
La normativa entró en vigencia en 2013; sin embargo, según la encuesta del SMU, solo 22% de los encuestados manifestó conocer su existencia.
