"Ni la creación de una Guardia Nacional, ni los llamados del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, ni los programas de asistencia social han logrado reducir la violencia, seguimos igual", dijo a Sputnik Santiago Roel, portavoz de la organización civil Semáforo Delictivo, que mide el comportamiento de los indicadores criminales, según las denuncias formalizadas por la ciudadanía.
En el centro del escenario de crímenes y de impotencia de las autoridades se cuenta la violencia de los carteles de la droga, que se ha mantenido en continuo ascenso.
Desde entonces, México inició una escalada de violencia, que pese al paso de distintos gobiernos y la aplicación de estrategias disímiles ha mantenido su imparable tendencia de crecimiento sostenido.
En 2007, el primer año de aplicación de la estrategia militarizada, los homicidios llegaron a 8.867 y desde entonces se han multiplicado por cuatro, hasta llegar a los 36.476 ocurridos en 2019 según el registro del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) divulgado el 23 de septiembre.
"Podemos decir que no ha cambiado nada: los cárteles de la droga se siguen peleando con plata y plomo y van colapsando a la sociedad y a los gobiernos", explica Roel.
Según el Inegi, organismo autónomo del Estado, la violencia se ha concentrado en 10 regiones específicas del norte, centro y sur del país.
Esas 10 zonas coinciden con las rutas más utilizadas por las mafias de traficantes de drogas para hacer el trasiego hacia su mayor mercado, EEUU.
El gobierno de Donald Trump se quejó la semana pasada en un memorando del incumplimiento de México en el combate al crimen organizado trasnacional.
Pandemia violenta sin remedio
Un informe sobre la justicia en México, elaborado por la Universidad de San Diego, California (sur de EEUU), subraya que durante 2020 la violencia no se ha detenido en esos corredores del narcotráfico.
El estudio apunta a que ni siquiera las medidas como los cierres forzados de actividades comerciales no esenciales, derivados de la pandemia del COVID-19, han hecho retroceder las cifras de homicidios y violencia.
Por el contrario, las cifras parecen ir en aumento y, salvo por un radical cambio de tendencia de último momento, 2020 concluirá previsiblemente con un mayor número de homicidios que 2019.
"La cadena de suministro combinada con interrupciones, mayor escrutinio policial y aumentos repentinos del mercado han llevado a un aumento de la competencia violenta entre los traficantes por mantener o expandir su cuota de mercado en tiempos de incertidumbre", señala el informe de la Universidad de San Diego.
Los académicos advierten además sobre un aumento en los homicidios que coincide con la contingencia sanitaria global.
Emilio Vizarretea, autor del libro Poder y Seguridad Nacional, señaló por su parte que, además de la gravedad de las cifras alarmantes de homicidios, hay otro factor que debería generar una gran preocupación social: el hecho de que la mayor parte de las víctimas son jóvenes.
Esto significa "no sólo una gran pérdida de vidas sino que tiene desastrosas consecuencias humanas, sociales y económicas" para el país, agregó Vizarretea.
Es especialista en el fenómeno y en las políticas de Estado implementadas estima que las muertes violentas no sólo provocan devastación en familias enteras, sino que a nivel económico.
"Destruye la capacidad productiva de importante regiones agrícolas del país y provocan un desalentador círculo vicioso, que termina por arrojar a cientos de comunidades a los brazos del narcotráfico", afirmó.
De acuerdo con el documento del Inegi, las entidades con más homicidios en 2019 fueron los centrales estados de Guanajuato (3.974), Estado de México (3.237); los norteños Chihuahua (2.935) y Baja California (2.811), y los occidentales Jalisco (2.495) y Michoacán (2.448).