Se trata de los mandatarios de siguientes estados: Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León.
Luego de que el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, denunció que los representantes de las fuerzas federales en su entidad decidieron abandonar la coordinación en materia de seguridad pública con su administración, los mandatarios estatales acusaron que esas acciones fortalecen a la delincuencia organizada, al tiempo que debilitan a la sociedad.
En conferencia de prensa, el mandatario chihuahuense acusó que la decisión del retiro de las fuerzas federales fue unilateral, lo cual refleja los propósitos de venganza del Gobierno federal contra su entidad, derivado del conflicto por el agua para cumplir los términos de un tratado internacional con Estados Unidos.
El 10 de septiembre, Corral solicitó a López Obrador reubicar a los agentes de la Guardia Nacional a Ciudad Juárez, donde consideró necesario hacer frente al crimen organizado.
"Nosotros no hemos descalificado a la Guardia Nacional, eso es una mentira… hemos pedido que se desmilitarice el conflicto del agua", expresó.
Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, aseguró que estos recursos no son para los gobernadores, sino que se busca robustecer los planes de salud estatales ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Por su parte, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que, términos concretos, las entidades no pueden recibir menos recursos que en 2020, ya que de otra forma no podrían afrontar las necesidades básicas de su población.
El 21 de septiembre, la Alianza Federalista oficializó su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Un día después, el resto de los gobernadores en México sostuvo un encuentro con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, donde se acordó revisar las participaciones estatales en el Presupuesto de Egresos de 2021.
