El desacuerdo no puede ser más evidente: a la misma hora que las autoridades madrileñas comparecían para explicar las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, montó una rueda de prensa paralela para pedir una mayor ambición.
Madrid mantiene limitada desde el lunes 21 la movilidad en 37 áreas de la región, donde más de 855.000 habitantes solo pueden abandonar la zona en la que viven para trabajar o por otras causas de fuerza mayor, aunque se les sigue permitiendo circular por sus calles.
Tras días especulando con un posible endurecimiento de las medidas, la Comunidad de Madrid extendió las restricciones a otras ocho zonas, limitando la movilidad de 167.000 personas más.
De esta manera, se sigue descartando cualquier confinamiento generalizado o el cierre de ciudades, ya sea de la propia Madrid o de otras poblaciones como Fuenlabrada (de casi 200.000 habitantes), obligada a levantar fronteras en su interior para aislar cuatro zonas distintas.
Toda decisión, subrayó, se toma intentado "ser cautos" para evitar daños "socioeconómicos" que pueden ser "casi igual de malos para la salud de los ciudadanos que el propio virus".
Cierre de la ciudad
Para el Gobierno de España no es suficiente. En su comparecencia paralela, el ministro de Sanidad pidió que las restricciones no se apliquen en ciertas áreas sino "que se extiendan a toda la ciudad".
A su modo de ver, estas recomendaciones "son las medidas mínimas que hay que adoptar para tomar el control de la epidemia". "Hay que hacer esto, no hay otro atajo", insistió el ministro.
Este choque institucional llega después de los intentos presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por transmitir una imagen de unidad con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez —del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— arrancó la semana reuniéndose el lunes 21 con Ayuso —del conservador Partido Popular (PP)– en la sede del Gobierno regional en Madrid, para intentar enterrar el hacha de guerra tras meses de reproches y polémicas.
Unos días más tarde esa cooperación brilla por su ausencia. Tras conocerse las recomendaciones del ministro, Isabel Díaz Ayuso salió al paso para defender sus medidas.
"Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas", afirmó en un mensaje publicado en Twitter.
Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 25, 2020
Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas...
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (también del PP) fue más allá y acusó al Gobierno de atacar a la capital por interés político mientras a otras zonas con una alta incidencia como Navarra (más de 600 casos por 100.000 habitantes) no se le hacen recomendaciones similares.
"La pregunta es por qué a lo mejor están pidiendo a Madrid más que a otros territorios", dijo el alcalde.
Tensión creciente
Mientras las autoridades airean su desacuerdo, el virus sigue avanzando y el descontento crece entre los vecinos de Madrid, sobre entre aquellos que viven en las zonas restringidas.
Esa sensación de rabia se evidenció en la noche del jueves 24, cuando una manifestación frente a los centros de salud en el barrio obrero de Vallecas para pedir más inversión pública acabó trasladándose frente a la Asamblea de Madrid para protestar contra las restricciones.
La concentración se encontró con la actuación de efectivos antidisturbios, que intervinieron para disolver a los manifestantes. Las cargas policiales dejaron un balance tres jóvenes detenidos y siete personas heridas leves (cuatro policías y tres manifestantes).
Para este viernes 25 hay convocadas nuevas manifestaciones, esta vez directamente frente a la Asamblea de Madrid.
Vivir para trabajar
Además, la frustración de la población se ve avivada por la percepción de que las medidas carecen de eficacia para contener los contagios, una sensación que está bastante extendida.
El 45,3% de los desplazamientos al trabajo en Madrid se realiza en transporte público, mientras que en el conjunto de la Comunidad este porcentaje es del 33,2%.
El estudio expresa sus "dudas sobre la efectividad de las medidas" y pone negro el foco sobre su carácter discriminatorio, ya que se centran sobre "población trabajadora" que presta sus servicios "en zonas de rentas más altas".
Pese a ser el principal motor de la movilidad, la actividad laboral no se detiene y los vagones de metro siguen llenos de gente a la que solo se le permite cruzar la ciudad para trabajar, lo que unido al desconcierto institucional crea un coctel peligroso a nivel sanitario y social.