Las familias de los estudiantes han celebrado la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para reabrir las investigaciones, pero advirtieron que aún hay muchas dificultades que impiden avanzar todo lo que quisieran en la búsqueda de la verdad.
"Desde nuestro punto de vista, hay aún obstáculos que no permiten avanzar a la velocidad que amerita un caso como este", dijo en entrevista con Sputnik uno de los principales abogados de las familias de las víctimas de desaparición forzada, Vidulfo Rosales.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser interceptados a balazos y gases lacrimógenos por policías, que los obligaron a bajar de cinco autobuses que habían ocupado en el marco de una protesta en el poblado de Iguala, en el estado de Guerrero (oeste), 220 km al sur de la capital.
En ese relato, arrancado a decenas de acusados —ahora se sabe que con torturas—, el alto funcionario aseguraba que los jóvenes habían sido entregados por los policías municipales de Iguala a sicarios del cartel del narcotráfico Guerreros Unidos.
Estos criminales, algunos de ellos arrestados después, habrían asesinado a los estudiantes, quemado los cadáveres en un basurero a cielo abierto en el vecino pueblo Cocula, y arrojado los restos calcinados a un arroyo cercano, en bolsas de plástico.
Esta versión fue rechazada a finales de 2015 por una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encontró numerosas inconsistencias en las investigaciones y violaciones a las garantías fundamentales de algunos de los testigos utilizados por la fiscalía.
Verdad sepultada
En junio pasado, el nuevo fiscal Alejandro Gertz dio por sepultada la "verdad histórica" y anunció la reapertura de las pesquisas, incluyendo una orden de captura contra el ex investigador judicial Tomás Zerón de Lucio, a quien se señala de haber manipulado pruebas para desviar la investigación.
"Lo que vemos es que ahora existe una voluntad política y que hay instituciones del gobierno comprometidas en esclarecer lo ocurrido; pero también sabemos que hay otras entidades que todavía no han terminado por reestructurarse", señaló el abogado de las familias.
Rosales es el principal jurista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero "Tlachinollan", nombre náhuatl de región agreste de donde son originarios los jóvenes, asolada por el crimen organizado, que siembra sobre todo amapola o adormidera, para producir goma de opio y traficarlo a EEUU.
Según Rosales, las familias de los otros 40 jóvenes desaparecidos aún guardan la esperanza de que sea posible hallarlos.
A seis años de la tragedia, esta esperanza perdura, "siempre y cuando se mantenga la voluntad política de encontrarlos", subraya el defensor, quien ha testificado ante las más altas instancias nacionales y extranjeras, de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas.
Entramado impune
Rosales reconoció que la nueva investigación abierta por el Gobierno enfrenta "un entramado de impunidad que ha crecido a lo largo de los años, que va a ser muy difícil de desmontar y que significa un verdadero reto para superar la impunidad".
"La investigación se debe mantener abierta hasta dilucidar plenamente lo que ocurrió con los estudiantes", añadió el jurista, que participó la semana pasada en una reunión con el jefe de Estado, el fiscal Gertz y otros altos funcionarios en el Palacio Nacional.
El propio presidente López Obrador, que ha expresado abiertamente en numerosas ocasiones su compromiso con aclarar lo ocurrido con los estudiantes, anunció la semana pasada que Zerón de Lucio, contra quien hay una orden de captura internacional, huyó a Canadá y de allí se escapó a Israel, donde se encuentra actualmente.
El prófugo habría manipulado la evidencia del caso para desviar las conclusiones y apuntar hacia una alianza de narcotraficantes con policías corruptos, pero evitando que se conocieran otras evidencias, que apuntaban a otras instancias oficiales, como militares del Ejército.
"Lo que esperamos escuchar el próximo sábado (26 de septiembre) del Gobierno es qué avances se presentan, pero al mismo tiempo un mensaje político del presidente de que va a continuar abierta y se van a impulsar todas las líneas de investigación", puntualizó el abogado.
El anuncio será hecho en una ceremonia solemne con las más altas autoridades federales, los padres y madres de las víctimas, y sus abogados.
