"Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad'', afirmó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un mensaje en vídeo transmitido durante una ceremonia al cumplirse seis años del crimen.
Para Gertz Manero existen muchas pruebas de "manipulación'' y "encubrimiento generalizado'' que tuvieron lugar durante el Gobierno anterior: cámaras que dejaron de funcionar, radios que se apagaron, autoridades judiciales locales que ocultaron vídeos, detenciones arbitrarias y torturas masivas.
El fiscal general explicó que esa noche no solo hubo 6 muertos y 43 desaparecidos, sino que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices entre las autoridades. De hecho, desde que comenzó a buscarse a los 43, se han recuperado 245 cuerpos, de los que 22 han sido identificados, indicó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal y principal sospechoso
El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo y es considerado uno de los mayores responsables del encubrimiento, es Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se busca por tortura y ocultación de desaparición forzada.
El fiscal general afirmó que Zerón obtuvo y se robó más de 1.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) del presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR), que "sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias''.
A finales de 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, retiró a Zerón de la agencia de investigación, pero para darle un ascenso. Según Gertz Manero, Zerón huyó del país en 2019 con destino a Canadá, pero cuando se hicieron las gestiones de extradición ante ese país "huyó a Israel, país al que ya se le ha pedido su apoyo''.
Giro clave en la investigación
La llegada al poder de la Administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio un giro a la investigación, cuando un tribunal ordenó reponer todo el proceso.
Con el nuevo Gobierno, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron una treintena de nuevas búsquedas —como en la que se halló el resto del segundo alumno identificado— y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.
Pero uno de los grandes avances señalados por las autoridades es que se ha empezado a romper el cerco de impunidad que bloqueaba que hablaran testigos y personas involucradas.
"La investigación se encuentra en la etapa más compleja, estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto de silencio para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia", afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Pero el presidente AMLO se mostró convencido de lograr que se sepa "la auténtica verdad'' y el paradero de los jóvenes.
"En pocas palabras, que haya justicia", sentenció.
