La crisis de la carne mechá se llevó la vida de 4 personas, dos mujeres de 74 y 90 años, un varón de 72 y un bebé de sólo seis días. Provocó además 6 abortos y dejó más de 200 afectados por consumir productos cárnicos de una empresa que incumplía varias normas higiénico sanitarias. Los productos de Magrudis SL estaban contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.
A finales de agosto de 2019 el Ayuntamiento señalaba la falta de colaboración de la empresa en las investigaciones y la existencia de "indicios de un delito contra la salud pública". La empresa se había dado de alta en 2015 en Andalucía como empresa alimentaria, no obstante, carecía de la licencia que otorga el Ayuntamiento de Sevilla y hasta diciembre de 2018, ni siquiera había presentado una declaración responsable.
En estos momentos, los principales acusados por el brote están en libertad. En pleno confinamiento, pasó desapercibida la vuelta de la otrora más grave crisis sanitaria de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número diez había decretado libertad provisional para Sandro José Marín Rodríguez, administrador único, y su padre y administrador de hecho, José Antonio Marín Ponce. Esta decisión no obstante fue recurrida por Facua y un grupo de afectados, entre los que destacaba la Asociación del Defensor del Paciente.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 23, 2020
Ambos acusados habían ingresado en prisión el 26 de septiembre de 2019, saliendo el 17 de marzo. Padre e hijo se enfrentan a un presunto delito contra la salud pública por fraude alimentario, además de tres delitos de homicidio por imprudencia, otros dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes.
Una sanción laxa
El Ayuntamiento de Sevilla llevó además a la Fiscalía la falta de colaboración de la empresa, que obstruyó en todo momento las investigaciones y la información de las partidas alimentarias contaminadas que puso en circulación comercial.
La asociación de consumidores FACUA, que se ha personado como denunciante en este proceso, recuerda que, "hasta que estalló el brote de listeriosis el verano pasado, los responsables de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento no se molestaron en revisar la documentación relativa a la declaración responsable llena de irregularidades que habían presentado los responsables de Magrudis a finales de 2018", explica en reacciones remitidas a Sputnik.
Un insulto a los fallecidos por la listeriosis
Facua califica la multa de "ridícula" y como un "insulto a los fallecidos" por el brote de listeriosis en el margen que ofrece la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, "las multas para las infracciones muy graves van de 1.501 a 3.000 euros. En el caso de Magrudis, además, ni siquiera ha impuesto la sanción máxima, multando con sólo 2.000 euros", señalan desde la organización.
Pero la pregunta es, ¿qué hizo el Ayuntamiento ante tamaño despropósito durante tantos meses en los que la empresa funcionó al margen de la legalidad, por qué no paralizó a la empresa cuando detectó una declaración responsable desechable que llegaba con años de retraso?
Las inspecciones posteriores han corroborado que Magrudis SL carecía de permisos para los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica o de su mera capacidad de producción. Diario de Sevilla destaca las declaraciones de algunos funcionarios municipales que señalan la falta de personal, por lo que finalmente "lo metieron en una caja [el expediente de Magrudis]", y de ahí "la demora", que según los funcionarios, era sistémica ante la falta de personal.
No se multa el brote sino el procedimiento
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla aclaran a Spuntnik que los 2.000 y 6.000 euros de multas respectivas no son las sanciones por el brote de listeriosis. Los expedientes sancionadores que expide en estos momentos el Ayuntamiento de Sevilla tienen que ver con los defectos de forma y errores administrativos, pero no son la sanción por el brote en sí, que se dirime en el juzgado por vía penal, donde de hecho, el Ayuntamiento es acusación particular.
Más allá de la tragedia presuntamente provocada por inclumplimiento deliberado de la legislación por la empresa, parece obvio que la actual pandemia evidencia, al igual que la crisis de la carne mechá la necesidad de más y mejores controles sanitarios.
