"Las ONG no pueden tener actividad política, están concebidas sin fines de lucro y apolíticas", insistió Navarro en la revista En Vivo, del Canal Cuatro, al explicar la labor más reciente del Legislativo.
Tal referencia se enmarca en el contexto del trabajo legislativo con el anteproyecto de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (RAE).
El parlamentario citó el caso del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la gremial que representa al gran capital, que fue uno de las protagonistas del fallido intento de golpe de estado de 2018.
Las ONG no pueden destinar el dinero que reciben de gobiernos extranjeros para financiar la desestabilización de países, tal como sucedió en Bolivia y Ecuador, al igual que en Nicaragua, recalcó.
Esas asociaciones tienen que garantizar que los recursos recibidos desde el exterior sean utilizados para objetivos lícitos.
"Aquí [la oposición] recibía dinero de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] del propio gobierno norteamericano y el Partido Republicano, para seminarios a líderes políticos y luego la destinaban a financiar a los terroristas que estaban en los tranques", argumentó Navarro.
Algunas ONG en Nicaragua son en realidad un negocio para sus representantes y por eso ahora reaccionan de manera virulenta ante la futura ley, porque no quieren que se sepa el dinero que reciben para la desestabilización política del país, añadió.
El legislador aclaró que la ley no confiscará recursos financieros a esas asociaciones, solamente exigirá su empleo para los fines concebidos en sus estatutos.
