Así lo considera Leonardo González, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien analizó el proyecto jurídico para Sputnik a través de un enfoque desde la academia.
"Para aquellos estados con poderío militar, hegemonía económica e intereses colonialistas, la RAE es un mensaje de la nación nicaragüense de que está preparada para enfrentar cualquier tipo de comportamiento injerencista y hacer valer su autodeterminación como país libre, independiente y soberano", comentó el profesor del principal centro universitario de Nicaragua.
El anteproyecto de la Ley RAE define que un agente extranjero es la persona natural o jurídica, nicaragüense o no, que dentro del territorio nacional representa intereses de gobiernos, agencias, asociaciones o fundaciones y recibe fondos desde el exterior.
Para ello el Ministerio de Gobernación creará un registro, en el cual los agentes extranjeros serán un sujeto obligado a los efectos de la inscripción.
Ese marco legal será tenido en cuenta para quienes buscan fondos en el exterior con intenciones de la desestabilización política del país, explicó a los medios el diputado José Figueroa, de la bancada del oficialista Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.
Desde el 29 de septiembre, la Comisión de Economía y Presupuesto del Parlamento comenzó el proceso de dictamen y consulta del anteproyecto.
Reacción de la derecha opositora
Los criterios de la clase política opositora contra el actual proceso legislativo en Nicaragua, que además de la RAE incluye la Ley Especial de Ciberdelitos, al ser replicados por organizaciones internacionales y medios de comunicación extranjeros constituyen un caso de injerencia política, recalcó el profesor Leonardo González.
"¿Por qué un agente de afuera va a emitir un criterio sobre lo que el estado de Nicaragua debe hacer en esa materia?", se preguntó de manera retórica.
Consenso de Washington marca la pauta
Para el catedrático nicaragüense hablar de agentes extranjeros en su país es hacerlo también de una categoría, la de la sociedad civil, inscripta en el Consenso de Washington, las 10 normas establecidas en 1989 por el economista John Williamson como paquete de reformas para países en desarrollo afectados por al crisis.
Por ese camino llegan al extremo de afirmar que el Estado nicaragüense no garantiza los derechos humanos y las ONG, sí.
Ante esa visión de las ONG financiadas por el Pentágono como garantes de los derechos humanos a nivel global, González recordó que el estado financista no suscribe ningún tratado internacional sobre la materia y por tanto no está en la obligación de cumplirlos en cualquier parte del mundo.
Las ONG en Nicaragua, una creación neoliberal
Bajo el Gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamarro, la primera de tres administraciones de corte neoliberal, en 1992 la legislación nicaragüense incluye la Ley de personas jurídicas sin fines de lucro, sobre la cual se edificó el entramado de las ONG, recapituló el docente universitario.
En la actualidad están registradas unas 3.000 ONG en Nicaragua y uno de sus principales "pecados" esa la declaración de fondos de manera alterada, mediante una doble y hasta triple contabilidad, expuso el académico.
"¿Qué significa ir en contra de las funciones constitucionales del Estado? Que van a violar los derechos constitucionales de los nicaragüenses y eso es lo que han hecho muchas ONG en este país", recalcó.
Un ejemplo basta para ilustrar lo que se quiere impedir con la aprobación de la Ley RAE por parte de los poderes legítimamente constituidos del Estado nicaragüense.
Sucedió durante el intento fallido de golpe de Estado de 2018, cuando ONG "defensoras" de los derechos humanos pidieron en nombre de una agenda impuesta desde el exterior que la Policía Nacional se desarmara.
