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Tensión en campaña electoral en Bolivia por denuncias cruzadas de posible fraude

© AP Photo / Victor R. CaivanoBandera de Bolivia
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LA PAZ (Sputnik) — Un cruce de denuncias de supuestos planes de fraude enfrentaba en Bolivia al opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) con el Gobierno transitorio, a poco más de dos semanas de las elecciones del 18 de octubre que deberían reponer el orden constitucional en el país.
"El Gobierno de manera anticipada dice que el MAS va a perder y no va a aceptar su derrota y anuncia un plan contra una supuesta violencia, pero eso solo demuestra que ellos sí están planificando un fraude monumental de verdad", dijo a Sputnik el dirigente cocalero y candidato parlamentario masista Andrónico Rodríguez.

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La declaración reforzaba la percepción generalizada de que, dos semanas después de que la presidenta Jeanine Áñez se retirara de la carrera electoral, el Gobierno no asumía una posición neutral y por el contrario intensificaba sus ataques contra el MAS del exiliado exgobernante Evo Morales (2006-2019).

Rodríguez, segundo de Morales en los combativos sindicatos cocaleros, rechazó la campaña gubernamental lanzada esta semana con denuncias de supuestos planes de fraude y violencia del MAS, partido claramente ganador en las encuestas, pero que según el oficialismo sería derrotado en la votación.

"Superministro"

El principal denunciante del "fraude masista" era el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien visitaba Washington, donde obtuvo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una declaración de apoyo al proceso electoral "para asegurar la voluntad del pueblo" ante el supuesto riesgo.

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Murillo informó vía redes sociales que denunció ante Almagro que el MAS no solo intentaría hacer fraude electoral sino que podría declararse víctima de un escamoteo de votos, "como barata excusa para generar violencia", y que incluso estaría preparando ya grupos armados irregulares.

Llamado "superministro" por los medios debido a que hacía gestiones tanto electorales y de seguridad como diplomáticas y económicas, Murillo dijo que se reuniría con el Fondo Monetario Internacional y que recibió compromisos de ayuda de Washington para enfrentar una eventual desestabilización democrática.

Con Gobierno y FMI

Andrónico Rodríguez replicó este 2 de octubre, ratificando una declaración previa del candidato presidencial masista Luis Arce, que "sí puede haber fraude, pero no del MAS sino de la derecha".

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El día anterior, en un acto de campaña en Oruro (oeste), el candidato parlamentario del MAS advirtió a los partidos de derecha que "ni se les ocurra hacer alguna irregularidad, fraude o provocar convulsión" porque en ese caso "el pueblo boliviano en las calles recuperará el poder".

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, segundo de Murillo, anunció este 2 de octubre que hasta 40.000 uniformados, entre policías y militares, habían sido declarados en alerta "ante las amenazas del MAS (…), un partido de gente violenta", según reportó la radio local Fides.

"Es un plan que ya se trazó desde hace casi un mes, es un operativo conjunto que se va a llevar a cabo que establece que la Policía va a activarse en caso de que surja cualquier conflicto o contingencia durante el período pre y post elecciones", dijo Issa.

La polémica anticipada sobre un fraude reproducía en parte el ambiente de las elecciones generales de 2019, ganadas por el MAS -repostulando entonces a Evo Morales-, denunciadas por sus rivales como fraude y finalmente anuladas.

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"Hasta ahora, de las elecciones de octubre del año pasado no demuestran el supuesto fraude monumental, la OEA habló de algunas irregularidades, no demostró fraude, pero ahora es evidente que sí puede haber fraude de ellos porque están muy debajo del MAS en las encuestas", dijo el cocalero Rodríguez.

La OEA tuvo en los comicios de 2019 una misión de observación y envió luego de auditores que señalaron las presuntas irregularidades que desataron protestas contra Morales, hasta forzar su renuncia.

El informe de la OEA fue posteriormente rebatido por universidades extranjeras y centros internacionales de investigación, que acusaron a la organización continental de desestabilizar la democracia boliviana.

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