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Justicia esquiva para desaparecidos en Ecuador

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QUITO (Sputnik) — El 16 de mayo de 2013, a las 22.30, Alexandra Córdova recibió la última llamada telefónica de su hijo David Romo, quien salía de la Universidad Central, en donde cursaba el cuarto semestre de Comunicación Social y retornaba, como todos los días, en un bus de transporte urbano a su casa en Pomasqui, en el noroccidente de Quito.

Han pasado ya siete años y cinco meses desde la desaparición de Romo y más de 20 fiscales que han conocido el caso no han sido capaces de dar respuestas concretas a la madre del joven, que cuando desapareció estaba por cumplir 21 años.

El permanente cambio de fiscales y agentes policiales en el caso Romo, a más del hecho de que no se rastreó su teléfono celular y la última llamada telefónica que mantuvo con su madre, según dice Córdova a Sputnik, tiene un denominador común: indolencia y retroceso en la investigación.

"Los cambios siempre implican iniciar de cero, a más de una injusta y constante revictimización para mí, como madre de David, y para toda la familia, pues también somos víctimas de la desaparición", añade esta mujer que se ha convertido en Ecuador en un símbolo de la lucha por encontrar la verdad atrás de los desaparecidos. "Policía y Fiscalía han querido evitar que se conozca qué es lo que sucedió".

El caso de Romo se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en mayo pasado dio al Estado ecuatoriano un plazo de 3 meses, prorrogable por un mes, para que responda sobre todas las violaciones que se han dado en el proceso de investigación del caso.

El caso fue presentado por Córdova ante la CIDH para que el Estado ecuatoriano responda por no haber cumplido sus deberes constitucionales

"Hasta el 2019 desaparecer en Ecuador no era delito; pasaban como un trámite administrativo y se quedaban archivadas", comenta a Sputnik la secretaria de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Lidia Rueda.

Movilización

Una serie de marchas, protestas, festivales de parte de los familiares de desaparecidos y de organizaciones de familiares de las víctimas lograron que, luego de un largo proceso, se tipifique la desaparición involuntaria de personas como delito; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido el reglamento que permita aplicar la ley.

"La crisis de los desaparecidos en Ecuador no tiene solución; no se resuelve nada; los casos siguen allí, cada día se incrementa el número de desaparecidos, si hay suerte se encuentra un cadáver en estado de descomposición; los familiares de los desaparecidos vivimos un verdadero calvario", dice Rueda.

El caso Romo es uno de los 1.900 que, según información oficial de la Fiscalía están en investigación y que según organizaciones privadas superan los 5.000.

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Guayas (oeste), Pichincha (norte), Azuay (sur), son las provincias donde más casos de desaparecidos hay.

De acuerdo con reportes oficiales, la provincia de Pichincha (norte), cuya capital es Quito, concentra alrededor de 28% de casos de personas desaparecidas cuyos casos están en investigación, seguida de Guayas (oeste), cuya capital es Guayaquil, con el 18%, Manabí (oeste), el 7% y Azuay (sur) el 5%; el restante 42% de casos investigados se reparte en 20 provincias.

De los casos en investigación, casi el 69% corresponde a adultos, el 17% a niños y adolescentes y el 15% a adultos mayores.

El 28 de abril de 2012, Carolina Garzón, una joven colombiana, estudiante universitaria, desapareció en Quito; su padre, Walter, inició una histórica lucha, protestando frente al Palacio Presidencial, pegando fotos de Carolina en sitios visibles y reuniendo a familiares de otras víctimas. Se convirtió así en uno de los fundadores de la Asociación de Familiares de los Desaparecidos en Ecuador.

Carolina y David son apenas dos de los rostros visibles de los desaparecidos en Ecuador, que esperan una justicia que no llega.

El padre de Carolina murió hace 4 años; la madre, Alix Ardilla, continúa con la lucha, al igual que la madre de David. Ninguna de ellas cesará hasta que encuentren respuesta y justicia.

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