"La Interpol rechazará la solicitud de detención contra Correa. No hay argumento jurídico que sustente esta estrategia antidemocrática para eliminar a Revolución Ciudadana", dijo el movimiento en un comunicado publicado en las redes sociales.
El 7 de octubre el sistema judicial ecuatoriano oficializó el pedido de notificación roja de Interpol en contra de Correa y otros sentenciados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.
La notificación roja implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.
Todos los sentenciados fueron acusados de formar parte de una estructura de corrupción en la que instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar las campañas políticas del partido oficialista Alianza País (AP), en ese entonces de Correa.
Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa.
Visión del movimiento
Para Revolución Ciudadana, las acusaciones contra Correa no son tomadas en serio por los organismos internacionales.
"Los procesos judiciales contra Correa son, en realidad, un escandaloso episodio de persecución política y proscripción electoral que afecta gravemente al sistema democrático ecuatoriano (…) Los juicios contra Correa se han llevado a cabo en una constante pseudo restructuración de la justicia, en una permanente remoción del fiscal general de la nación y en medio de denuncias nacionales e internacionales sobre la falta de independencia judicial", agregó.
En 2018, la jueza Daniella Camacho pidió la primera alerta roja a Interpol para la detención de Correa, pero la organización denegó la medida argumentando su incompatibilidad con el respeto a los derechos humanos.
En 2019 Camacho solicitó que se revise la negativa de Interpol, pero la solicitud fue nuevamente denegada al entender que el Estado ecuatoriano no había aportado nuevos hechos, recordó Revolución Ciudadana.
