La sentencia razona que la actuación de los agentes ante situaciones de violencia machista no debe limitarse a aspectos formales de atención a la denunciante sino que requiere "atención preferente de asistencia y protección" para "prevenir y evitar las consecuencias del maltrato".
Por ello, la Audiencia concede una indemnización de 20.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y de 70.000 euros a cada uno de sus dos hijos por el daño que causó la desprotección.
Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su marido ante un puesto de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla.
A ojos del tribunal existe una responsabilidad "directa y objetiva" del Estado en la desprotección de esta mujer, que meses después fue asesinada por su marido.
El fallo destaca que "la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil".
En opinión de las organizaciones civiles dedicadas a la lucha contra la violencia de género, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, esta sentencia pone de relieve la necesidad de que los agentes reciban una mejor información para identificar casos de riesgo y actuar de forma adecuada.