La agitación que se vive en las calles costarricenses empezó a gestarse a fines de agosto, cuando el Gobierno anunció su plan de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero no fue hasta el 17 de septiembre, cuando el presidente Carlos Alvarado presentó el primer borrador, que empezaron las movilizaciones y bloqueos constantes que hoy se han instalado.
Para el Ejecutivo, el endeudamiento propuesto es la mejor alternativa para atender la crisis económica que atraviesa la nación, profundizada por la pandemia de COVID-19. Por eso solicitó al organismo multilateral de crédito una línea de 1.750 millones de dólares, bajo la categoría de "Servicio Ampliado".
A través de ella, lograría tasas de interés competitivas y un largo plazo de pago. Pero debería comprometerse a realizar reformas estructurales a mediano plazo para sanear sus finanzas públicas y mejorar su balanza de pagos.
"La pandemia profundizó una serie de problemas y contradicciones que ya existían. Las proyecciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central dicen que este año vamos a cerrar con un déficit fiscal del 9,3% del Producto Bruto Interno (PBI), una deuda pública total de más del 70% del PBI y con unas tasas de desempleo que en el último trimestre móvil fueron del 24,4%", explicó Guillén.
Ante este escenario, para la analista lo correcto hubiese sido "poner sobre la palestra del debate público las causas estructurales del problema", pero en cambio se eligió el endeudamiento externo.
"El Gobierno retira esa primera propuesta y hay que ver qué pasa en esa mesa en la que están convocados desde las megacorporaciones hasta los sindicatos y estudiantes. Vamos a ver que sale de ahí", consideró la docente.
"El Ejecutivo, originalmente, no quería avanzar en esa dirección. Creo que la presión social lo obliga a tener que ceder y abrirla. Pero ojo, porque no ha retirado el préstamo con el FMI, lo que ha hecho es retirar el primer borrador de condiciones, pero luego habrá otro", sentenció Guillén.
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