"Es como si la campaña electoral, ahora que los candidatos ya no pueden hablar, continuase en la Plaza Murillo", en cuyo entorno están los palacios de Gobierno y Legislativo, dijo a Sputnik el analista político e investigador social Vicente Guardia.
Según Guardia, docente de la universidad de El Alto, la tensión Gobierno-Parlamento que ha caracterizado a la gestión de Áñez iniciada en noviembre pasado "continuará en la medida en que cada lado crea que así puede causar daño al otro".
Mutuos desafíos
El Parlamento controlado por el MAS censuró el 14 de octubre a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por no presentarse a una sesión de interpelación.
La Constitución manda destituir a los ministros censurados, pero la presidenta Áñez guardaba silencio hasta la mañana de este 15 de octubre, aunque el mismo Murillo, hombre fuerte del Gobierno, respondió desafiante horas después del voto de censura.
"Hasta que la asamblea del MAS no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario", dijo vía Twitter el ministro censurado, uno de los funcionarios más visibles en la campaña gubernamental contra un eventual retorno del MAS al poder.
Hasta que la asamblea (del Mas) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario.
— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) October 14, 2020
A principios de año, el Parlamento decidió también la censura del ministro de Defensa, Luis Fernando López, también por no asistir a una interpelación, y Áñez lo destituyó cumpliendo la ley para volver a designarlo en el mismo puesto el mismo día.
Aumentando aún más la tensión, el viceministro de Coordinación, Israel Alanoca, dijo este 15 de octubre que el Gobierno no publicará dos leyes promulgadas el día anterior por la presidenta masista del Parlamento, Eva Copa, evitando así que esas normas entren en vigencia.
Una de esas leyes autoriza el "uso consentido" del dióxido de cloro para tratamientos de COVID-19 y la otra prohíbe la salida al extranjero de autoridades hasta tres meses después de que concluyan sus funciones, con objeto de facilitar eventuales investigaciones de corrupción.
"El Órgano Ejecutivo no va a publicar ninguna ley que haya promulgado la señora Copa, porque no tiene ni la legalidad y legitimidad de promulgar tomando en cuenta lo siguientes: esta ley del dióxido de cloro y la ley de arraigo están en este momento en el Tribunal Constitucional", dijo Alanoca a reporteros.
Copa dijo que Áñez se arriesga a enfrentar procesos por incumplimiento de deberes si las leyes en polémica no son publicadas.
Añadió que el Parlamento continuará su política de promulgar leyes que la presidenta rechace "sin fundamento" y que llevará a su fin investigaciones en curso sobre varios casos de presunta corrupción gubernamental.
