"Una vez calificada la solicitud de juicio político presentada por los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, contra María Paula Romo (…) la Comisión de Fiscalización y Control Político (…) notificará a las partes con el inicio del plazo de 15 días para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo, respectivamente", informó la comisión en un comunicado.
Romo es acusada de incumplimiento de funciones durante las protestas sociales de octubre de 2019.
El pedido lo hicieron hace 10 meses los congresistas de oposición Amapola Naranjo, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta.
Además, la acusan de promover un ataque con gases lacrimógenos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Salesiana en Quito (norte), que actuaron como centros de acogida para los manifestantes.
Para los denunciantes, Romo también es responsable política de una supuesta falta de protección a periodistas agredidos por policías y manifestantes.
Asimismo, aseguran que la Policía Nacional, a cargo de la cartera de Gobierno, cometió excesos en la represión de las protestas e irrespetó normas internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza.
Entre el 1 y 5 de noviembre se valorarán las evidencias que hayan sido presentadas para luego emitir el informe para la Presidencia de la Asamblea.
Según la Ley de la Función Legislativa, para destituir a un ministro se requiere un mínimo de 70 votos, de un total de 137 legisladores que integran la Asamblea de Ecuador.
