Se trata de los antiguos vicepresidentes de la Cámara Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó y la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, todos militantes independentistas e integrantes de la mesa que entonces presidía la encarcelada Carme Forcadell.
La votación que organizó el antiguo Gobierno de Carles Puigdemont pese a haber sido prohibida por la Justicia española terminó con una declaración unilateral de independencia para establecer la República Catalana que fue suspendida a los pocos segundos.
Los condenados, que eran integrantes de la Mesa de la Cámara donde se realizó esta declaración, permitieron el debate y la tramitación en su sede de una serie de leyes para dar cobertura legal al referéndum, denominadas "leyes de desconexión".
Estas fueron aprobadas semanas antes de la consulta del 1 de octubre, pese a varios dictámenes en contra emitidos por el Tribunal Constitucional de España.
Durante el juicio que culminó en julio de 2020, los acusados se defendieron con el argumento de que en ese momento gozaban de "inviolabilidad parlamentaria" y negaron haber desobedecido al Constitucional.
Se trata de una nueva resolución judicial contra líderes políticos independentistas que encabezaron la undécima legislatura de Cataluña, disuelta en octubre de 2017 cuando el expresidente español Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución.
La mayoría de integrantes del Gobierno que encabezaba Carles Puigdemont se encuentran encarcelados y cumpliendo penas de entre 9 y 13 años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo de España.
Otros de los antiguos miembros del Ejecutivo catalán optaron por huir al extranjero para evitar ser juzgados en España, como es el caso del propio Puigdemont, que reside en Bélgica desde finales de 2017.
