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Metástasis múltiple después de seis meses sin consulta presencial: las otras secuelas del COVID-19 en España

© Foto : Cortesía de Ana Isabel AlbercaMaría Jesús Leal, fallecida de cáncer durante el COVID-19, con sus dos hijas
María Jesús Leal, fallecida de cáncer durante el COVID-19, con sus dos hijas - Sputnik Mundo
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Una mujer de 82 años fallece por un cáncer propagado a varios órganos sin que se lo diagnostiquen por culpa del coronavirus.

Siente "rabia e impotencia". Ana Isabel Alberca duda de si, en cualquier caso, su madre seguiría hoy viva, pero se ha quedado en un eterno "¿y si hubieran hecho algo?". Esta madrileña de 49 años y su hermana Alicia, de 44, perdieron el 16 de septiembre a su progenitora después de meses "recibiendo palos". El informe de defunción que les dieron de ella, María Jesús Leal, hablaba de parada cardiorrespiratoria a los 82 años provocada por un carcinoma neuroendocrino en estadio 4.

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Un tumor en las células que ya se había propagado con metástasis por otros cinco órganos. Pulmón, cerebro, costillas, hígado, columna. Y venía de lejos. Por lo menos, desde febrero, cuando Leal empezó a notar unos dolores extraños y le atendieron presencialmente casi por última vez. Porque ese interrogante de qué hubiera ocurrido tiene que ver con el COVID-19 y cómo le ha afectado a su madre sin ser una de las contagiadas de este virus: en su caso, la secuela ha consistido en morir de otra enfermedad de la que no dieron ningún diagnóstico.  

"No se la tenía que haber abandonado. Porque, independientemente de la pandemia o de la edad, tenía derecho a ser tratada", se queja Alberca a Sputnik. Tiene en la cabeza la cronología de cómo sucedió todo: aquel mencionado 27 de febrero fue la primera consulta de su madre en el centro de salud con "dolores lumbares y de espalda". Volvió el 5 de marzo. Y la radiografía que le pidieron se quedó en suspenso por la epidemia.

"Se la cancelaron y decidimos hacerla en una clínica privada", rememora.

Decidieron ir a la de Carpetana, cerca de donde viven, un barrio al sur de Madrid. Y ya todo empezó a ser telefónico. "Se la vio el doctor y le dio analgésicos. Le dijeron que tenía lumbalgia y artrosis", cuenta. Pero el 15 de marzo, al rato de declararse el estado de alarma, Leal se cayó inconsciente. Al vivir con una hermana dependiente, con un servicio de emergencia, llamó y les acercaron al hospital más próximo, el Gómez Ulla, donde le hicieron un análisis, una radiografía de la cadera dañada y le cosieron una herida en la cabeza: "Nos mandaron a casa por la situación de coronavirus y luego el médico de cabecera dijo que paciencia y reposo".

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A partir de entonces sigue un maratón de llamadas. El malestar no mermaba e insistieron. Pero todo era por teléfono. Seguían en sus trece: paracetamol y metamizol. Hasta que "cogieron las riendas" y se fueron a la consulta para que les atendieran de forma presencial. "Le dije al médico que iba enfadada y que todo lo que iba a continuación iría en ese tono, aunque nunca les falté al respeto", confiesa. Era 10 de junio, habían pasado más de tres meses sin ver la cara del doctor y les dieron cita en el reumatólogo de su centro, el Clínico San Carlos.

"Fuimos y volvieron a decir que hacía falta una radiografía. Les contestamos que ya le habían hecho dos y pedimos una resonancia. Que es lo que le vería algo más", rememora. Nada: le hicieron la prueba y le dieron de nuevo la sentencia:  bursitis/tendinitis del trocánter y lumbago no especificado, aparte de la artrosis. "Mi madre la preguntó que si no era cáncer, porque ella sabía que ese dolor no era normal. Y le dijo la médica con palabras textuales que veía 'clarísimo' que no era nada". Y 15 días después, en la siguiente visita, insistió en que "parecía mejorar". Siempre sin hacerles la resonancia que tanto solicitaban.

María Jesús Leal ya "casi ni dormía". A esta mujer nacida en Campo de Criptana (Ciudad Real), pero residente muchos años en Madrid se la llevan al pueblo, a ver si se anima. "Estaba apática. Ella, que tenía mucha conversación, no decía nada", cuenta Alberca. El 10 de agosto dan otro paso más. Vuelven al centro privado y pagan por una resonancia. En 48 horas la tienen, con un resultado "muy malo". Les aconsejan que vayan a urgencias. Y lo hacen, porque lo que se ve es grave. La ingresan ese miércoles 12 de agosto y hasta el lunes siguiente (cinco días después) no le hacen un TAC. "Nos dicen que hay metástasis, pero que no saben cuál es el cáncer primario. Luego realizan un TAC cerebral y ven cinco manchas. Al final dan con el carcinoma endocrino e iban a pasarla a paliativos", relata.

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Calculan unas semanas de vida y el 16 de septiembre fallece en la habitación del hospital. "Ese mes fue horroroso. Era ir recibiendo palos un día tras otro. Mal dicho, era una hostia detrás de otra, porque entró al hospital por su propio pie y todo se precipitó", narra Alberca aún en shock, sintiendo esa rabia mencionada y una prepotencia que todavía les ataca: "Pensamos qué hacer, cómo denunciar, porque a veces creemos que ha sido un problema de no escucharnos y, aunque hayamos agradecido la labor de muchos profesionales que nos ayudaron, hemos visto cosas alucinantes". 

Para materializar la denuncia todavía les falta el historial de María Jesús Leal. Pidieron ayuda a la asociación El Defensor del Paciente. Desde allí, Carmen Flores (presidenta desde su fundación, hace 23 años) responde que sus tareas han sido ingentes. Algunos casos han salido a la luz, como el de Sonia Sainz Maza, burgalesa que murió con un cáncer de colon sin llegar a tener una consulta. "Hemos tenido de todo. Incluso personas que se han quedado ciegas al retrasarles la consulta oftalmológica", indica.

"Las consultas telefónicas han puesto en peligro tanto a los pacientes como a los médicos. Y los culpables son las administraciones y el Gobierno Central, porque, como siempre pedimos, se necesitan medios, personal e inversión", argumenta Flores.

Considera la responsable de este colectivo que todo ha sido "una sinrazón". "Gente dependiente que se ha quedado sin tratamiento, enfermedades crónicas, otras que no sabían que tenían…", enumera Flores, que no se atreve a dar una cifra de la gente que ha recurrido a ella, pero calcula que esto conllevará un aumento de  las listas de espera en un 40%. "Ahora se dice que falta plantilla médica o de enfermería, pero se les contrató y luego se les despidió. Y, como siempre, esto les va a afectar a los que menos tienen. Porque los que puedan permitírselo irán a un seguro privado".

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Según exponía Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), el tiempo hasta que se diagnostica una enfermedad crónica se ha incrementado en un 30% y el 69% de los pacientes crónicos sufrió la cancelación de las consultas que tenían programadas antes de la pandemia. 

Tal y como anotan en un informe, el 41,4% de los pacientes vio suspendida o aplazada su rehabilitación durante los primeros meses de la pandemia y el 80% de las personas que participaron en el estudio se encontró con dificultades para poder conseguir medicación durante el estado de alarma. Y el miedo al contagio en los hospitales y centros de salud llevó al 22% de los pacientes a intentar aguantar para no acudir a los centros sanitarios. Como repite Alberca, "ha habido COVID, pero también otras enfermedades. Y tenían derecho a ser tratadas".

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