En virtud del acuerdo, las partes se comprometen a extraditar a las personas que se encuentren en el territorio de una de esas partes para procesarlas y sancionarlas por los delitos que implican la extradición.
Se entiende que son delitos los hechos que, según la legislación nacional de las dos partes, se castigan con penas de prisión de no menos de un año, o más si se trata de delitos más graves.
El acuerdo también establece las condiciones y fundamentos para negar la extradición y los requisitos de la solicitud de extradición.
