La fiscal del Ministerio Público del Trabajo encargada del caso, Carolina Mercante, explicó en declaraciones al portal G1 que el objetivo es "aclarar si otros trabajadores, sean brasileños, empleados directos o no, están teniendo sus derecho fundamentales violados".
La fiscal afirmó que entró en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para tratar del caso y explicó que de cualquier forma la embajadora no podría ser imputada, porque goza de inmunidad diplomática.
Después de que salieran a la luz las imágenes de las agresiones, la Cancillería de Filipinas ordenó el regreso de la embajadora a su país y anunció la apertura de una investigación.
La embajadora, de 51 años, estaba en Brasil desde 2018, y según los videos agredió físicamente a su empleada doméstica de forma muy frecuente en los últimos meses, con bofetadas, tirones de oreja, empujones y otros ataques físicos.