"Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata", dijo el diputado Víctor Borda, presidente de ese grupo parlamentario.
La recomendación, contenida en un informe que será debatido por el pleno parlamentario el jueves 29, abrió un nuevo frente de disputa entre la administración de Áñez y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla el legislativo y asumirá el Gobierno el venidero 8 de noviembre.
Represión
Borda dijo que la comisión, integrada por oficialistas y opositores aunque con mayoría masista, plantea un juicio de responsabilidades contra Áñez por un decreto que liberó a los militares de responsabilidades penales en operaciones de represión y otro por las masacres de opositores supuestamente amparadas por esa norma.
"La Constitución dice que no se puede dar fueros ni privilegios absolutamente a nadie, ni facultades extraordinarias, por eso ha visto por conveniente que este decreto (que libera a militares de cargas penales) es contrario a la Constitución, hay incumplimiento de deberes y omisión; por tanto, se ha determinado juicio de responsabilidades", señaló.
Ese decreto, que fue emitido el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez inició su gobierno transitorio y mientras Bolivia pasaba por una ola de caos y protestas, fue condenado como contrario al derecho internacional sobre seguridad y derechos humanos tanto por Naciones Unidas como por otros organismos.
"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando obre en cumplimiento de sus funciones constitucionales", dispuso la norma que amparó la movilización militar contra los manifestantes.
El informe señaló como presuntos responsables y sujetos de juicios penales ordinarios, por haber firmado el decreto junto a Áñez, a sus ministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Samuel Ordóñez y Roxana Lizárraga.
Planteó además juicios ordinarios contra los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y de la Policía, Yuri Calderón por delitos de asesinato, genocidio y otros.