"Se repiten los bloqueos. No hay justificación legal. Se trata de un incumplimiento por orden del presidente [Nayib Bukele], están protegiendo criminales de guerra", declaró el querellante David Morales a la prensa desde la III Brigada de Infantería, en San Miguel (oriente).
Dicha unidad militar llevó hasta junio de 2019 el nombre del fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa, señalado como el principal ejecutor de la masacre de El Mozote, donde unos mil civiles fueron asesinados como parte de la estrategia anti-insurgente Tierra Arrasada.
"Con esta acción de bloqueo, haber quitado el nombre de Monterrosa a esta brigada fue un acto vacío y superficial", señaló Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH) y querellante en el caso por la matanza.
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, acudió este 27 de octubre a la III Brigada de San Miguel, en cumplimiento de la orden judicial de recabar documentación que contribuya a esclarecer la masacre de El Mozote, considerada la peor en la historia del hemisferio occidental.
Guzmán estuvo acompañado por un equipo de peritos, víctimas del conflicto, representantes de la Fiscalía General de la República, la PDDH y el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero le fue denegado el acceso a la instalación.
La organización Tutela Legal precisó que recién este 27 de octubre, un mes después de que el presidente afirmara que solo quedaban cinco cajas de documentos relacionados con El Mozote, el Ejecutivo remitió la referida papelería, que será verificada en el transcurso del día.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.