Recordemos que Tsunami Democràtic fue una plataforma independentista catalana creada para dar para dar respuesta a la sentencia del juicio del procés y que utilizaba el ciberactivismo en las redes sociales como su principal medio de comunicación, incluso crearon su propia aplicación móvil para ir informando sobre sus "acciones pacíficas de desobediencia civil".
Tal y como ha hecho público el diario El Confidencial, las investigaciones apuntan ahora, un año y medio después, a que los integrantes de esta trama habrían aprovechado su buena relación con los partidos secesionistas para conseguir subvenciones y adjudicaciones irregulares del Gobierno de Quim Torra y otras instituciones afines.
Los agentes tenían previsto efectuar a lo largo del 28 de octubre más de una veintena de detenciones y una treintena de registros en viviendas, oficinas y almacenes. Entre los primeros arrestados se encuentran figuras de la política catalana como el exdirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Xavier Vendrell, el exdirigente de Convergència i Unió (CiU) David Madí, y el empresario Oriol Soler.
El dispositivo está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y por el momento se investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y desórdenes públicos.
Más tarde la Guardia Civil de España comunicó que arrestó a 21 personas.
"Han sido detenidas 21 personas, como presuntas autoras de delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales", informó en un comunicado el cuerpo policial español.
La Guardia Civil se limita a exponer en su comunicado el descubrimiento de varias adjudicaciones de obra ilícitas vinculadas al Gobierno de Cataluña.
El operativo, que transcurrió en las provincias de Barcelona y Girona, se saldó con 31 registros y entradas y la intervención de documentación, dispositivos informáticos y teléfonos móviles que serán investigados.
La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
En un mensaje en las redes sociales, Puigdemont calificó la operación de "zarpazo represor" por parte de las autoridades españolas y acusó al Estado de pretender "la muerte política y civil del independentismo".
