En un comunicado, la Secretaría General de la Presidencia explicó que el objetivo del decreto era "solamente permitir que sean realizados o contratados estudios (…) sobre la posibilidad de asociaciones con la iniciativa privada y sobre la viabilidad [o inviabilidad] de la aplicación concreta de esas alternativas".
Las llamadas UBS son la puerta de entrada al Sistema Único de Salud (SUS, la sanidad pública brasileña), ya que atienden el 80% de los problemas de salud de la población, sin necesidad de derivar a los pacientes a los hospitales o al servicio de emergencias.
El decreto 10.530, firmado por el presidente Jair Bolsonaro y por el ministro de Economía, Paulo Guedes, fue duramente criticado por diputados, partidos de la oposición y exministros de Salud que, en general lo interpretaron como una amenaza de privatización.