"Ayer [el 27 de octubre] nos constituimos y aprobamos un plan de trabajo para iniciar el proceso de consulta el 30 de octubre con todos los representantes del sistema judicial, [encabezado por] la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Procuraduría General y el Ministerio de Gobernación en específico el área penitenciaria", expuso Martínez en una revista matutina del Canal Cuatro de la televisión abierta.
La también presidenta de la comisión permanente de Justicia del Legislativo recordó que por tratarse de una reforma a la Ley Fundamental implica que el debate parlamentario tenga lugar en dos legislaturas, la actual prevista para concluir en diciembre y la de 2021, a partir de enero.
"Creemos que no hay por qué esperar el final de 2021, sino ya en enero de ese año podríamos estar aprobando la Reforma Constitucional", precisó Martínez.
Martínez explicó de manera comparada el tecnicismo legal que implica la reforma, al decir que sería como quitarle un candado a la Constitución Política, de 1987, en la cual se establece la pena máxima en 30 años de prisión.
Además recalcó dos elementos de la redacción del artículo reformado, el carácter excepcional y revisable de la imposición de la prisión de por vida.
La directiva parlamentaria insistió que la pena será aplicada con mucha responsabilidad por los órganos de justicia competentes.