El sur de Argentina se transformó en el epicentro de una discusión muy compleja, en la que se mezclan los derechos humanos, la reparación histórica a pueblos indígenas como el mapuche, el respeto a la propiedad privada y los actos de violencia individuales o institucionales, con el Estado como mediador y ejecutor de la ley y la justicia.
La lof (comunidad mapuche) Lafken Winkul Mapu ocupa desde 2017 terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi en la localidad de Villa Mascardi, a 35 km de la ciudad turística de Bariloche, provincia de Río Negro. Aquel año, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), un intento de desalojo violento terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven de 22 años, por parte de las fuerzas de Seguridad.
Desde entonces, realizan manifestaciones para denunciar la persecución en su contra y demandar justicia, además de realizar algunos señalamientos sobre propiedades particulares en las que acusan a los actuales dueños de expropiación y desposesión fraudulenta, reclamos que llevan décadas en algunos casos.
A fines de agosto, vecinos de la zona realizaron un corte de ruta para pedir la intervención federal y denunciar amenazas recibidas por la comunidad mapuche. La gobernadora, Arabela Carreras, se acercó a dialogar, apoyó el respeto a la propiedad privada y rechazó la presión de "grupos encapuchados". Sin embargo, el Ministerio de Seguridad nacional denunció penalmente a los organizadores por instigación a la violencia.
Como respuesta, los propietarios reunieron 35.000 firmas para reclamarle acciones al presidente de Argentina, Alberto Fernández, para recuperar el control de los terrenos en cuestión y denunciar otros reclamos territoriales en disputa.
Denuncias sobre denuncias
El 15 de octubre, alrededor de 50 personas identificadas como integrantes del lof Gallardo Calfú ingresaron durante la madrugada a una estancia en El Foyel, a 80 kilómetros de Bariloche. Las organizaciones indígenas acusan de "dudosa legitimidad" la propiedad que se adjudica la familia que vive allí desde la década de 1980.
Después de la mediación del INAI, organizaciones de derechos humanos y la presencia de la gobernadora —cuyo vehículo fue agredido con piedras por los manifestantes y por el que se detuvo a algunas personas—, el lunes 19 se produjo el desalojo, luego de que la comunidad fuera notificada de una resolución judicial.
"Fue muy violento el desalojo de la comunidad Gallardo Calfú, que hace más de 40 años viene reclamando sus tierras ancestrales, que les fueron usurpadas engañosamente, a través de las viejas maniobras de siempre que utilizan los poderosos, los que tienen plata. El jefe de la familia fue engañado, aprovechándose de su condición de analfabeto", comentó Antieco.
Representantes legales de vecinos afectados por las tomas presentaron dos denuncias penales ante el Tribunal Federal de Bariloche. Por "sedición", contra Lafken Winkul Mapu, y por "traición a la patria y asociación ilícita", contra un conjunto de organizaciones mapuche y también a autoridades del INAI, a las que acusan de cooperación.
Se apunta a los mapuche de amenazas, extorsión, robo, usurpación, cortes de ruta, abuso de armas de fuego y destrucción de flora, fauna y propiedad pública privada. La comunidad indígena acumula más de 100 procesos penales, que son denunciados por sus integrantes como evidencia de la criminalización racista.
"Ese lugar fue cedido por [el expresidente Julio A.] Roca [1898-1902] a la Iglesia católica porque les bendijo las armas al ejército para que exterminara a nuestro pueblo. Estas cuestiones hay que traerlas a la memoria. No nos olvidemos que ha levantado iglesias en todas las comunidades indígenas, que han bautizado compulsivamente a los pueblos, que allí han violado niños. Por ahí podemos esperar un acto reparador del papa Francisco, pero no lo creemos", lanzó la referente mapuche.
Cinco siglos de violencia, y contando
Como ocurriera en todo el continente desde la conquista e invasión europea y la formación de las naciones americanas, el Estado argentino exterminó a gran parte de las comunidades autóctonas y no reconoció a los pueblos aborígenes como sujetos de derecho ni sobre las tierras. El primer Censo Indígena fue ordenado recién en 1965 por el expresidente Arturo Illia (1963-1966).
Desde 1989, en estas tres provincias patagónicas, alrededor de 70 agrupaciones mapuche-tehuelche comenzaron a organizarse para reclamar tierras, en conflicto con grandes corporaciones terratenientes, petroleras y mineras, lo que derivó en la creación del Consejo Asesor Indígena.
Los mapuche son reconocidos por su historial de resistencia durante la invasión europea y las políticas de exterminio que llevaron a cabo tanto el Estado argentino, en la denominada Conquista del Desierto, como del chileno, en la llamada Ocupación de la Araucanía, en las que tomaron control sobre la Patagonia.
En 1994, a partir de la presión de los movimientos de reivindicación cultural vernácula en el marco del cumplimiento de cinco siglos desde el desembarco europeo en el continente, Argentina reconoció por primera vez los derechos indígenas cuando reformó la Constitución, incluida "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".
"Recuperación territorial"
"No es una cuestión antojadiza, no son caprichosas las últimas recuperaciones que se han hecho. Es muy fácil tildar de terrorista, de usurpador, de vago a una persona cuando no se sabe la historia que lo atraviesa, la mochila pesada que trae a sus espaldas de dolor, de violencia, de despojo y empobrecimiento", comentó Antieco.
Entre 2015 y 2017, algunos grupos de resistencia mapuche realizaron actos de protesta, como cortes de ruta y tomas simbólicas para reclamar territorios ancestrales. El Gobierno de Macri persiguió a sus integrantes, lo que llevó a que organizaciones de la sociedad civil internacionales expresaran su preocupación con la estigmatización y la interpretación distorsiva de la ley para calificarlos como amenaza a la seguridad o terroristas.
En enero de 2017, la comunidad mapuche en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, sufrió la represión de fuerzas de Seguridad, que dispararon contra hombres, mujeres y niños, destruyeron viviendas y detuvieron a algunos de sus integrantes. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 1 agosto de ese año, la represión violenta por parte de Gendarmería nacional a un corte de ruta en este sitio resultó en la muerte de Santiago Maldonado, un joven de 28 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 17 de octubre de 2017, sumergido en un río cercano.
Un mes después, 70 integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu se instalaron en secciones del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, Río Negro, al seguir la revelación de su líder espiritual, la machi Betiana Colhuan, primera de estas figuras consagrada en territorio argentino desde el exterminio mapuche. La comunidad publicó un comunicado informando su "recuperación territorial", lo cual generó la reacción de las autoridades que desalojaron el terreno con 300 uniformados.
Dos días después, el 25 de noviembre, durante el violento operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad nacional, fue asesinado Rafael Nahuel, primo de la machi, de un disparo por la espalda, y otros dos civiles más resultaron heridos por armas de fuego de las fuerzas oficiales.
"Hoy hay un claro objetivo de todo el pueblo mapuche, de los jóvenes que viven en la ciudad, de volver a sus territorios ancestrales. Sobre esa fuerza milenaria, sobre ese deseo ancestral, nosotros decimos que la sangre llama, los ancestros te vuelven a guiar a ese lugar donde está la historia de su familia, a ese territorio que le dio vida a sus antepasados", cerró Antieco.
