El presidente de Perú, Martín Vizcarra, deberá afrontar en noviembre el segundo pedido de destitución en su contra en menos de dos meses, en el marco de un enfrentamiento con un Congreso en el que sigue sin tener respaldo político.
Luego de que en septiembre fracasara un intento similar vinculado a acusaciones contra Vizcarra por la contratación del cantante Richard Swing, el mandatario debe sortear ahora un nueva moción de censura por "incapacidad moral" producto de irregularidades vinculadas a la contratación de obras públicas mientras era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).
Las claves de la nueva acusación contra Vizcarra
La nueva acusación parlamentaria contra el presidente peruano ingresó al Congreso el 20 de octubre con la firma de congresistas del partido Unión por el Perú (UPP). El documento recogía una investigación periodística publicada días antes por el diario El Comercio, en la que un colaborador del fiscal Germán Juárez —titular del equipo especial que investiga el Lava Jato en Perú— afirmaba que Vizcarra había recibido un soborno en 2014, mientras era gobernador de Moquegua.
Obrainsa se puso en contacto con Vizcarra porque estaba interesada en encargarse de la obra de una línea de conducción que asegurara el sistema de riego en la zona de Lomas de Ilo en el marco de lo que el Gobierno Regional de Moquegua llamaba "Proyecto Especial Pasto Grande". El proyecto fue finalmente adjudicado al consorcio Obrainsa-Astaldi el 27 de noviembre de 2013.
La empresa Obrainsa es propiedad de los hermanos Ernesto y Elard Paul Tejeda Moscoso. Según El Comercio, los propietarios de la compañía conocían desde hace muchos años a Vizcarra, que junto a su hermano César son propietarios de la también constructora C y M Vizcarra. De hecho, los Vizcarra y los Tejeda Moscoso habían sido socios en 2003 cuando conformaron, junto a otras firmas, un consorcio para presentarse juntos a una licitación.
Según el testimonio del informante citado por El Comercio, Vizcarra visitó a los Tejeda en las oficinas de Obrainsa en Lima el 4 o el 5 de noviembre de 2013. Allí Vizcarra comunicó que estaba al tanto de la oferta de la constructora y que "le iba a brindar una información privilegiada". Si bien la licitación no tenía un precio de referencia, Vizcarra reveló que para ganar la compañía tenía que hacer una oferta inferior a los 81 millones de soles. Con ese consejo, la empresa corrigió su oferta, que inicialmente había sido de 86 millones, a 80,9 millones de soles.
La obra fue concedida a Obrainsa el 27 de noviembre de 2013 y el 20 de enero de 2014 Vizcarra volvió a llamar a Tejeda para pedirle que hiciera efectivo el pago, dado que "tenía necesidad de hacer unos pagos".
La investigación detalla que la empresa aceptó hacer el pago a Vizcarra y que incluso debió realizar una maniobra financiera para obtener el dinero y pagar en efectivo. Tejeda le entró un sobre manila con 400.000 soles a Vizcarra entre el 27 y el 28 de enero de 2014. Los 600.000 que faltaban fueron pagados al entonces gobernador en el mes de abril, siempre en efectivo surgidos a partir de cheques emitidos a nombre de un conserje de la empresa.
La supuesta relación entre Vizcarra y Tejeda llevó incluso a que el 2 de diciembre, con la obra adjudicada a Obrainsa pero sin el pago a Vizcarra hecho, el gobernador llamara al empresario para decirle que necesitaba una avioneta y le encomendara gestionarle el arrendamiento de una. Vizcarra le pidió que el costo del vuelo fuera "a cuenta de lo pactado". El empresario accedió y ese viaje, que acabó trasladando a altos jerarcas del Gobierno de Bolivia hacia la zona de Ilo, se hiciera en una avioneta facturada a nombre de Obrainsa.
Para los congresistas que presentaron el pedido de vacancia, estas y otras denuncias contra Vizcarra, "ponen en tela de juicio la idoneidad moral del ciudadano Martín Vizcarra Cornejo como mandatario, por lo que no garantiza la transparencia de las futuras elecciones generales de 2021".
