"Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares", reza la información del citado diario.
Los movimientos de esa cuenta corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la abdicación de Juan Carlos, que perdió su protección constitucional en 2014.
Entre las personas que presuntamente se beneficiaban de esas tarjeta no se encuentran los actuales reyes de España ni sus hijos pero sí otros familiares directos de Juan Carlos I.
Según la información, la Fiscalía Anticorrupción no sólo está analizando los gastos de esas tarjetas, sino también el origen de los fondos utilizados, de los que se sospecha que podrían proceder del extranjero.
Por ello, la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Reacción del Gobierno español
El Gobierno de España evitó hacer una valoración pública sobre la investigación.
"No vamos a comentar ninguna cuestión que tenga que ver con investigaciones por parte de la justicia", dijo en una comparecencia de prensa la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
A las preguntas de los periodistas por la investigación revelada por el medio digital eldiario.es, la ministra portavoz de España se limitó a afirmar que el Consejo de Ministros reunido en la jornada no había hecho ninguna valoración al respecto.
A la espera de conocer los resultados de esas diligencias, la Fiscalía ya habría encontrado indicios de un presunto delito fiscal al localizarse incrementos de renta superiores a 120.000 euros no declarados en un solo ejercicio.
Los indicios delictivos de estas tarjetas no están relacionados con la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene activa por los 65 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido de Arabia Saudí en 2008 para luego transferirlos a su presunta amante en 2012.
De acuerdo con información adelantada por la prensa local en los últimos días, el fiscal de la causa se inclina por pedir el archivo de la causa saudí al tratarse de presuntos delitos previos a su abdicación, cuando Juan Carlos I todavía gozaba de inviolabilidad constitucional.
