A pesar de ser un derecho que las mujeres reclaman desde hace décadas, la interrupción voluntaria del embarazo no es viable en buena parte de los países del mundo. De hecho, en América Latina y el Caribe el aborto es legal solamente en Cuba, Uruguay, y en la ciudad de México, aunque países como Argentina están cerca de despenalizarlo.
Sin embargo, a raíz de los cierres de frontera como una de las primeras medidas para contener la pandemia de COVID-19, viajar al exterior ya no es una opción viable. El caso de una joven polaca —en cuyo país el aborto es ilegal— que debió irse en auto a Países Bajos acompañada de una amiga porque los vuelos se habían suspendido de forma indeterminada, según reportó The New York Times, es solo uno de miles de ejemplos.
A esto se suma la saturación sanitaria de los servicios de salud están sufriendo debido al virus en circulación. Las autoridades de la salud de muchos países donde el aborto es legal, como Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia y Rumanía, no calificaron al aborto como un servicio esencial, lo que permite a las instituciones sanitarias rechazar a las solicitantes en caso de considerarlo necesario.
La UNFPA, agencia encargada de la salud sexual y reproductiva de la ONU, estimó en abril que si el confinamiento se prolongaba durante seis meses más habría unos siete millones de embarazos no deseados alrededor del mundo durante ese período. Como estrategias prioritarias destacaron la necesidad de continuar con los servicios médicos orientados a la salud sexual femenina, especialmente los que refieren a la interrupción del embarazo, y también el abastecimiento de anticonceptivos en los centros de salud.
