"La Comisión de Fiscalización y Control Político (....) aprobó el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea proceda con el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, así como determine su correspondiente censura y destitución, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley", dice el texto publicado por la Asamblea Nacional.
A la ministra se le acusa de ser responsable de permitir el uso bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre de 2019, así como también por el lanzamiento de bombas hacia predios de universidades.
"Se comprueba que durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones", dice el texto de la Asamblea.
Mientras que sobre el lanzamiento de bombas hacia los predios de las universidades Católica de Quito y Politécnica Salesiana, señala que "independiente de cómo se califique el rol que cumplían en ese momento las dos universidades, constituyó un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables".
Este es fue el segundo pedido de juicio político contra la jerarca, originalmente la solicitud había sido presentada el 15 de enero, pero fue archivada por la anterior Comisión de Fiscalización que cambió a sus integrantes en septiembre pasado.
Según la ley de la Función Legislativa, para destituir a un ministro se requiere un mínimo de 70 votos del total de 137 legisladores que integran la Asamblea Nacional de Ecuador.