Restricciones del derecho al aborto desatan la tensión social en Polonia

Los polacos no se dejan intimidar por la difusión del coronavirus en el país y ya llevan dos semanas protestando por la sentencia de la Corte Constitucional que abrogó el derecho al aborto por malformación. El pasado 30 de octubre las calles de Varsovia fueron inundadas por unas 150.000 personas, con lo cual las protestas actuales resultaron las más importantes desde la caída del régimen comunista en 1989.

Derecho al aborto entre Iglesia y Estado

Incluso antes del 22 de octubre, cuando fue emitida la controvertida sentencia, la legislación polaca relativa al aborto era muy particular con respecto a la de todos los países vecinos, que no imponen limitaciones a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo.

En la Polonia socialista (1945-1989) la ley autorizaba el aborto si la mujer embarazada se encontraba en condiciones de vida difíciles. El Estado tenía una actitud bastante liberal hacia los abortos, con lo cual a finales de los años 80 Polonia llegó a superar el umbral de 100.000 interrupciones de embarazo al año.

Tal situación era intolerable para la Iglesia católica, que mantenía una gran influencia en la sociedad polaca incluso en los tiempos comunistas.

Tras el cambio del régimen, el Estado y la Iglesia llegaron a un compromiso, y en 1993 fue aprobada una nueva ley que permitía el aborto en tres casos:

• si el embarazo amenazaba la vida o la salud de la mujer,
• si se establecía que el feto podría desarrollar malformaciones o sufría de enfermedades incurables,
• si la mujer quedaba embarazada a causa de un acto ilegal, como violación o incesto.

Sin embargo, incluso estas concesiones parecían demasiadas a los clérigos y a los conservadores. Además, la opinión pública polaca estaba dividida casi igualmente entre los partidarios y los detractores del aborto: según una encuesta de 2010, el 44% se declaraba a favor, mientras el 47% era contrario.

Con la llegada al poder del partido de derecha Derecho y justicia (PiS, por sus siglas en polaco) en 2015, los partidarios de una legislación más prohibitiva pasaron al ataque. En 2016 propusieron una ley que dejaba la posibilidad de interrumpir el embarazo solo en el caso de una amenaza a la vida de la mujer, pero el Parlamento la rechazó.

En 2018 el mismo PiS propuso cancelar el derecho al aborto por malformación y el año siguiente presentó una solicitud a la Corte Constitucional, la cual la satisfizo el pasado 22 de octubre.

Mujeres en contra, sacerdotes y nacionalistas a favor

La sentencia atizó la tensión política y social en Polonia. Decenas de miles de mujeres salieron a las calles, apoyadas por muchos hombres y representantes de las comunidades LGBT. Además de en Polonia, hubo protestas en más de cien ciudades en diferentes países del mundo donde existen comunidades polacas. Los eslóganes de los manifestantes no se dirigían únicamente contra la sentencia de la Corte Constitucional, sino contra la política conservadora del PiS.

A su vez, los conservadores, nacionalistas y sacerdotes aprobaron la sentencia. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca Stanisław Gądecki declaró: "Acogí con una gran alegría la decisión de la Corte. La vida de cada persona tiene un valor igual para Dios y debe ser protegida de manera igual por el Estado".

Los nacionalistas y los activistas de derecha se movilizaron para "defender" a las iglesias de los opositores, que podrían organizar protestas dentro de los lugares de culto, y tacharon a los manifestantes de "fascistas de izquierda". El líder del PiS Jarosław Kaczyński defendió el derecho de las autoridades a resistir a las protestas, mientras el nacionalista Robert Bąkiewicz tuiteó: "¡Miles de barbaron invadieron Varsovia! ¡Su única demanda es matar a los niños inocentes! ¡Lo llaman libertad!".

El 30 de octubre, Andrzej Duda, presidente del país y miembro del PiS, propuso modificar la ley sobre la planificación de familia, de manera que permitiese el aborto en los casos cuando el feto tuviese enfermedades letales. Sin embargo, la oposición y los medios no apreciaron la iniciativa, que, de hecho, era en línea con la sentencia de la Corte, al excluir de las indicaciones para el aborto las malformaciones que no conllevan riesgos para la vida del feto o de la madre.

Prohibición con efecto dudoso

Según los datos del Ministerio de Sanidad polaco, en 2019 en los hospitales del país se efectuaron 1.110 abortos legales, entre ellos el 95% por malformación del feto. El número de las interrupciones de embarazo ilegales se desconoce, pero la Federación de Mujeres y Planificación Familiar y otras ONGs polacas estiman que se trataría de unos 150.000 casos al año.

Muchas mujeres van a los países vecinos, como Alemania, Austria, Eslovaquia, República Checa o incluso a Países Bajos, donde vista la alta demanda, varias clínicas se hacen páginas web en idioma polaco. Otra solución consiste en comprar las píldoras abortivas por internet o en el mercado negro.

Es dudoso que esta situación cambie con la sentencia de la Corte Constitucional. Al contrario, la consecuencia más probable es que aún más mujeres irán al extranjero para interrumpir el embarazo indeseado. Las prohibiciones en este campo tampoco ayudan a mejorar la situación demográfica (uno de los argumentos de los conservadores): a pesar de tener una de las leyes más restrictivas, hoy en día la natalidad en Polonia es más baja que en 1993, cuando se recrudeció la legislación sobre el aborto.

Otra consecuencia es el aumento de la tensión en una situación ya complicada a causa de la pandemia del COVID-19. Las manifestaciones duran dos semanas y podrían continuar este fin de semana. Al parecer, no es este el mejor momento para tocar cuestiones tan delicadas como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.