"Amnistía Internacional considera que la cooperación entre los estados de las Américas (…) debe garantizar que los tratamientos médicos para combatir el COVID-19 y/o la potencial vacuna estén disponibles y sean accesibles sin discriminación, estableciendo medidas especiales para apoyar a los grupos específicos que corren un mayor riesgo ante el virus, o cuya posición marginal significa que podrían quedar rezagados al acceso a las vacunas o los tratamiento", afirmó la organización en un comunicado.
La organización consideró que los tratamientos o vacunas deben ser tratados como bienes públicos, garantizando una asignación justa dentro de los países y entre ellos.
Las organizaciones de la sociedad civil y la representación de la comunidad deben ser incluidas en cualquier proceso de toma de decisiones relativo a los criterios de asignación de las vacunas COVID-19, incluidos los mecanismos de asignación de vacunas a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud y los de ámbito nacional, expresó.
"Amnistía Internacional llama a los estados a evitar enfoques exclusivamente nacionales y, cuando ello sea posible, cooperar a través de mecanismos internacionales, evitando acuerdos bilaterales que puedan socavar la disponibilidad de vacunas para otros Estados", agregó.
Además, pidió que los países evalúen de forma "urgente" sus marcos legales sobre propiedad intelectual, a fin de que no constituyan un obstáculo para la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos, tratamientos, dispositivos e innovaciones médicas para todas las personas.