"Legalizar el cannabis no solo representa un riesgo para salud pública, sino que además constituye una serie de riesgos asociados al tráfico ilícito de estupefacientes y retos en materia de seguridad", afirmó Soto en declaraciones publicadas por el diario local El Mundo.
El funcionario expresó su oposición al proyecto 21.388 (Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales), porque considera que disiente de la normativa jurídica de Costa Rica e instrumentos internacionales.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería también rechazó esta iniciativa, porque le parece que potenciaría el establecimiento de las estructuras de crimen organizado en el país.
El debate sobre la iniciativa surge apenas días después de que una corte de la provincia Alajuela (norte) condenara a ocho años de cárcel al abogado Mario Alberto Cerdas, defensor del uso recreativo de la marihuana, por el "delito de cultivo de drogas, sustancias o productos sin autorización legal".
Según la Fiscalía Adjunta de Alajuela, el imputado instaló un invernadero para el cultivo doméstico de marihuana y su posterior uso en productos como aceites, mantequillas y brownies, los cuales supuestamente suministraba a terceras personas.
El consumo de marihuana con fines medicinales es legal en varios países de América Latina, como Uruguay, donde el Estado corre con la producción y distribución del cannabis.