Según datos del Ministerio del Interior de España, hasta el 1 de noviembre las Islas Canarias recibieron la llegada de 11.400 migrantes irregulares, lo que supone un incremento del 664% respecto a las 1.500 llegadas del año 2019.
Además, el ritmo al que se producen las llegadas no para de crecer: entre el 7 y el 9 de noviembre un total de 2.500 personas llegaron a las costas canarias, lo que supone una concentración de desembarcos en 72 horas que no se vio ni siquiera en 2006.
Colpaso en el puerto
La zona cero de la actual crisis migratoria se encuentra en el Puerto de Arguineguin, en la isla de Gran Canaria, donde centenares de personas se agolpan en un campamento de emergencia a la espera de ser reubicados.
Las condiciones de hacinamiento cuentan con el agravante de que el puerto es la zona habilitada para hacer pruebas PCR a los migrantes que llegan a la isla, por lo que la concentración de personas supone además un riesgo sanitario.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que el puerto se ha convertido en el escenario de una "una grave situación humanitaria" con "centenares de personas durmiendo sobre el asfalto y a la intemperie".
Indefensión jurídica
Además, el colapso de las instalaciones dificulta que los migrantes puedan ejercer su derecho a recibir asesoría legal en las primeras 72 horas tras su llegada, lo que según las organizaciones humanitarias deja en una clara indefensión jurídica a posibles solicitantes de asilo.
Por ello, las organizaciones civiles piden al Gobierno español habilitar vías para sacar a los migrantes de la isla, permitiendo que sean atendidos debidamente en territorio peninsular.
"Canarias no puede convertirse en un agujero negro en materia de derechos, como lo han sido las islas griegas, ni el coronavirus puede ser la excusa para no afrontar un incremento de llegadas que lleva produciéndose desde hace más de un año. Busquemos alternativas", propone Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias.
Sin respuestas
El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, visitó este fin de semana el archipiélago junto a la Comisaria Europea de interior, Ilva Johansson.
Sin embargo, no ofreció ningún horizonte temporal, limitándose a decir que el muelle se desalojaría "en unas semanas", lo que generó malestar entre las autoridades regionales.
"Vuelve con promesas para las próximas semanas, mientras continúa el goteo de personas que llegan por el mar", denunció este 9 de noviembre el vicepresidente canario, Román Rodríguez.
Mientras el puerto sigue desbordado, el Gobierno español sí se apresuró a reactivar los vuelos de deportación.
Una ruta mortífera
Según el análisis realizado por los expertos de CEAR, el repunte de las llegadas a Canarias se debe a la incorporación de nuevos perfiles a la ruta migratoria a causa de la pandemia.
A las personas procedentes de Mali —predominantes en las llegadas del primer semestre del año– se han ido sumando otras personas procedentes de Marruecos o Senegal que huyen del impacto económico de la pandemia en sus hogares.
Esto a su vez implica que los migrantes cada vez toman más riesgos en su intento por llegar a España, ya que las salidas desde la costa senegalesa —que en muchos casos se hacen desde el sur del país, en ciudades como Mbour— conllevan más días de travesía.
Efectivos de las marinas de Senegal y España en colaboración con los pescadores de la zona consiguieron rescatar a 59 personas y encontraron los cuerpos sin vida de otras 20.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 140 de los tripulantes desaparecieron en el mar o se ahogaron, en lo que supone "el naufragio más mortífero en lo que va de 2020".
De acuerdo con los datos de la OIM al menos 414 personas fallecieron este 2020 tratando de llegar a unas Islas Canarias que a día de hoy no tienen capacidad para atender dignamente y con garantías legales a quienes desembarcan en sus costas.
