Las acusaciones son parte de la denuncia realizada por el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, ante la Fiscalía General de la República (FGR). El exfuncionario solicitó adherirse a un criterio de oportunidad para obtener beneficios en el proceso penal en su contra.
Otro de los mecanismos utilizados para desviar los recursos se llevó a cabo a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el cual "se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos", indicó Zebadúa.
De acuerdo con el exoficial mayor, para esta operación se contrataron empresas privadas por medio de universidades públicas para supuestamente prestar servicios a la Cruzada Nacional. Esta acción habría sido acordada entre Robles Berlanga y Videgaray Caso.
"Esto permitió el inicio por parte de Sedesol, y otra docena de dependencias (por sus siglas Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación], Economía, SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], Pemex [Petróleos Mexicanos], entre otras), provistas de recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda, proveer de recursos permanentemente durante el sexenio para la promoción publicitaria político-electoral del presidente, su Gobierno y su partido político", señala la denuncia.
En 2015, la Sedesol a cargo de Rosario Robles pagó más de 600 millones de pesos (36,6 millones de dólares) en publicidad para la Cruzada contra el Hambre, e igualmente, alrededor del 15% de sus gastos correspondieron a un doble pago a favor de esta dependencia, según un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado por El Universal.
Según Animal Político, en todos los casos la UIF observó que las cuentas investigadas se abrieron el mismo día en que recibieron los recursos públicos, los cuales eran inmediatamente transferidos a otras cuentas o retirados en efectivo.
Esta situación "hace probable que Emilio Zebadúa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisión de actos de corrupción, pues ninguna otra justificación se encuentra en la conducta de un servidor público", imputó la UIF en su denuncia contra Zebadúa.