"El juez nacional Marco Rodríguez acogió parcialmente el dictamen acusatorio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y dictó auto de llamamiento a juicio contra Eliseo Azuero, exasambleísta; Jorge Jalil, exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada", expresa el comunicado.
Dentro del mismo delito, el juez llamó a juicio otras tres personas y ratificó la prisión preventiva para todos los procesados.
Adicionalmente dispuso la retención de cuentas, acciones y participaciones, así como la prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, dicho anticipo habría sido desviado por un presunto grupo estructurado, del cual formarían parte los acusados, con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma ilegítima.
Pese al llamado a juicio, el caso quedó suspendido para los prófugos Azuero, exasambleísta de la Bancada de Acción Democrática (BADI), afín al oficialismo, y Jalil, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, según la ley penal de Ecuador.
El juez ordenó que se comunique a la Policía Nacional para que ambos sean ubicados y capturados.
Por el mismo caso, otros ocho procesados fueron condenados a 54 meses de prisión, entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza, expresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Según el acusado, a cambio de apoyo político, los asambleístas, principalmente del oficialismo y del BADI, habrían recibido cargos públicos que les permitieron acordar contratos e incluso recibir dinero, en negociaciones que habrían sido avaladas desde el Ministerio de Gobierno.
Mendoza aseguró que 19 congresistas estarían al mando de hospitales en las provincias de Pichincha (norte), Santo Domingo (oeste), Guayas (oeste), Manabí (oeste), Santa Elena (oeste), Sucumbíos (este), El Oro (oeste), Cotopaxi (centro), Bolívar (centro) y Napo (este).
Romo ha negado dichas acusaciones señalando que se trata de una venganza por parte del exasambleísta sentenciado.