"Plantón (manifestación) por la destitución y censura de María Paula Romo, principal promotora de la represión al pueblo ecuatoriano, martes 24 de noviembre, 10:00 horas (15:00 GMT), exteriores Asamblea Nacional", escribió la FEUE en su cuenta de Twitter.
#Platón
— FEUE NACIONAL (@FEUEnac_Ecuador) November 23, 2020
Por la destitución y censura de @mariapaularomo principal promotora de la represión al pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/W5JZ12QQ3f
La organización señaló que Romo, a través de la Policía Nacional, coordinó con la cartera de Defensa así como con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acciones de represión al pueblo durante las protestas sociales registradas hace un año.
Las causales para el juicio a la jerarca son el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes así como de dos universidades de Quito, que por esos días funcionaron como centros de paz y acogida humanitaria a los manifestantes, en su mayoría indígenas llegados desde provincias del interior del país.
El pedido de interpelación lo plantearon dos asambleístas desafiliados del partido derechista CREO, liderado por el candidato presidencial Guillermo Lasso, y se sumó una congresista de la agrupación política Revolución Ciudadana, afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
Para destituir a la ministra se necesita una mayoría calificada, es decir 91 votos de un total de 137 asambleístas.
Las protestas de 2019 se dieron a raíz de la eliminación del subsidio a los combustibles ordenada por el presidente Lenín Moreno.
Durante las movilizaciones hubo cierres de carreteras, saqueos, se incendió el edificio de la Contraloría (Quito), se atacaron empresas florícolas, pozos petroleros, servicios básicos, ambulancias, medios de comunicación y se registraron secuestros temporales a periodistas y policías.
El paro finalizó tras la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena para derogar el decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), las movilizaciones dejaron 11 personas fallecidas.
Además, las pérdidas superaron los 800 millones de dólares según el Banco Central del Ecuador.
