"Dispongo una pericia sociológica orientada a establecer el impacto social de las declaraciones públicas realizadas por Jaime Froilán Vargas, presidente de la Conaie, respecto al pedido público a las Fuerzas Armadas a desconocer y retirar el apoyo al presidente constitucional de la República en el contexto del paro nacional realizado en octubre de 2019", dijo el organismo en un expediente.
La orden se conoce dos días después de la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, decidida por la Asamblea Nacional, tras considerarla responsable política del uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, por parte de la policía nacional, en las movilizaciones de 2019.
Durante el juicio político, la exfuncionaria dijo a manera de descargo— que la actuación policial evitó un golpe de Estado para derrocar a Lenín Moreno.
Además del caso por sedición, sobre Vargas pesan otras denuncias por los hechos de octubre.
También es indagado por supuesta promoción de grupos subversivos, lo cual se habría configurado cuando el dirigente llamó a crear un "ejército propio" del movimiento indígena.
Otras dos demandas incluyen a Vargas, y varios dirigentes de organizaciones, por la retención temporal de varios policías en la CCE, y por el delito de secuestro.
