"Sabemos que el presidente no es mago y que todas estas deficiencias vienen de otros Gobiernos, sin embargo, hemos tenido esperanza en el cambio", comentó a Sputnik la hermana de Serymar Soto, una joven asesinada por su prometido poco tiempo antes de su boda.
"Lo que único que buscamos es que los culpables tengan una sentencia condenatoria, no buscamos lucro ni protagonismo, sino que se haga Justicia por las mujeres asesinadas", explicó a este medio.
El trabajo de Sandra y otras familias se ha centrado en hacer visible la situación en la que quedan los hijos de las víctimas, los huérfanos del feminicidio, que en muchos casos sufren una situación doblemente complicada si el autor del crimen es su otro progenitor.
Entre los principales puntos que estas familias quieren plantear al presidente se encuentran:
- La creación de un programa de restitución de derechos para los hijos de las mujeres que han sido asesinadas.
- Las garantías para que la perspectiva de género sea norma en la investigación de las muertes violentas de mujeres, algo que en México está mandatado por la Suprema Corte de Justicia, desde la sentencia en el caso de Mariana Lima Buendía.
- Que desde la presidencia se giren las instrucciones necesarias para que las autoridades actúen realmente por el cese de esta violencia, sin evasivas de atención y recursos. "Muchas veces, los recursos se van a otra parte o se manejan a discreción por los servidores públicos y no son sancionados", apuntó Soto.
"Es importante que el presidente sepa estas cuestiones y nos dé soluciones reales y un compromiso para su vigilancia en las mismas", agregó.
En este día, el principal pedido de distintas familias que a lo largo del país se han organizado a partir del dolor de la pérdida de una de sus hijas, hermanas o madres es que poder mantener una reunión personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que han venido solicitando desde que su época en la corrida por la presidencia, hace dos años.
"No somos cifras para manejo de la autoridad, sí existimos y teníamos una vida con ellas, que fueron privadas de su vida y sus sueños. Y como siempre hemos dicho, en la violencia también hay daños colaterales", apuntó.
Soto refirió que la violencia institucional es una constante en las situaciones que les tocan vivir a las familias de las víctimas de feminicidio, quienes suelen tener que cargar con el peso de las investigaciones (ellas o sus abogados particulares) si quieren que la justicia llegue a estos crímenes.
"Es importante que se tome en serio el problema de la violencia contra la mujer para que pueda detenerse, desde las leyes a la práctica, que las encargadas sean personas adecuadas, sensibles y que sobre todo, nos lleven a un camino de verdad y justicia", concluyó.
