"En suma, el dictamen aprobado por los senadores es una legalización sin descriminalización, mantiene un régimen penal para la marihuana donde no desaparece ni siquiera el delito de posesión simple", dijo a esta agencia la directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez.
En efecto, las personas mayores de 18 años tendrían permitido consumir cannabis psicoactivo y se aumentaría la cantidad autorizada de cinco a 28 gramos, denominada posesión de autoconsumo, sin sanción.
Sin embargo, portar entre 28 y 200 gramos de la hierba se convertiría en una falta que los senadores definen como posesión simple, no autorizada, por lo tanto sería motivo para aplicar sanciones administrativas o multas.
Además, si una persona porta de 201 gramos a 28 kilos de cannabis, se consideraría posesión para narcotráfico al por menor, o "narcomenudeo" como se denomina en México a la venta minorista de drogas.
Si alguien es detenido en posesión de 28 kilos o más, será considerado como delito de narcotráfico, similar al multimillonario negocio de trasladar grandes cantidades de drogas a los mercados ilegales.
Un mercado bajo amenaza penal
"Los senadores están creando un mercado regulado con muchas restricciones, con la amenaza de persecución penal para personas que posean cannabis" en esas cantidades, explicó la responsable de la organización, dedicada al análisis de políticas de seguridad, legalidad y justicia.
Sánchez, posgraduada por la Universidad de la Sorbona de París y la Escuela de Economía de Londres, también integra la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante.
Esa agrupación ciudadana logró un hito al solicitar un amparo de la Suprema Corte de Justicia sobre la legalización de la marihuana con fines lúdicos, con base en el derecho de los adultos al libre albedrío, que por primera vez vinculó el debate sobre el cannabis con los derechos humanos fundamentales.
Al negarse a remover las sanciones penales por pequeñas posesiones, los senadores preservaron en su votación en el pleno, el 19 de noviembre, el factor más nocivo que la ciudadanía padece en México en esta temática, según las expertas consultadas: "la persecución y desproporcionalidad de las sanciones para quienes posean y consuman marihuana".
Para terminar de complicar el proyecto del ley al que le espera un áspero debate en la Cámara de Diputados, para que el dictamen avance en el Congreso federal, los senadores habilitan un nuevo régimen de sanciones administrativas.
Las multas alcanzarían los 12.000 dólares para quien infrinja el marco regulatorio.
Una nueva batalla legislativa
Por su parte, la autora del Diccionario de Drogas, Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, que realiza investigaciones sobre las innovaciones en políticas de drogas, dijo a Sputnik que hay un lado positivo en la discusión abierta en el Congreso.
"Lo bueno del proyecto es que el proceso legislativo continúa en la Cámara de Diputados, aumentaron el número de plantas permitidas a seis, quitaron la obligación de registro para el autocultivo, son pequeños avances", dijo la politóloga, posgraduada en la Universidad de Harvard.
"No nos gustó que los senadores no quitaron la posesión del Código Penal Federal, porque puede contribuir a la corrupción de autoridades y a la extorsión de los usuarios", advirtió la especialista.
El dictamen senatorial elimina la facultad del Ministerio Público para hacer revisiones domiciliarias a consumidores registrados y prevé la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple.
Pero la autora señala que, al mismo tiempo, los senadores "quitaron los límites a la integración vertical (en la producción de cannabis), una medida que podría tener consecuencias en un mercado regulado" a favor de los intereses de las grandes corporaciones que ya operan en Norteamérica.
En los próximos debates para cumplir el plazo establecido por la Suprema Corte al Congreso para votar la ley, el 15 de diciembre, queda claro que la discusión girará en torno a la eliminación de los delitos de posesión.
Snapp afirma que la discusión aún pude aterrizar "en una ley que privilegie la justicia social y ojalá la Cámara de Diputados lo pueda retomar".
La apuesta es por una descriminalización y despenalización para no dejar a los usuarios de marihuana expuestos a la corrupción y abuso de autoridad.
