La investigación de la FGR contra el exfuncionario, actualmente preso en Estados Unidos, abarca sus declaraciones patrimoniales, así como la adquisición de bienes e inversiones, las cuales supuestamente no coinciden con lo que García Luna habría percibido en su paso por las extintas Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública, según información publicada por Reforma.
Informes divulgados por Milenio agregaron que el asunto no sería el único por el cual el exsecretario es investigado en México. Fuentes del diario afirmaron que también se investiga a García Luna por otros supuestos delitos patrimoniales relacionados con empresas y contratos obtenidos de varios gobiernos.
Sobre esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló el 14 de octubre que, dos días antes de que finalizara el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) se aprobó el pago de 19 millones de dólares a una empresa relacionada con el entonces secretario de Seguridad Pública por un curso de capacitación de hora y media.
Además, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se otorgaron 10 contratos por más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvav, hoy bajo indagatoria de la FGR por presuntos vínculos con empresas de García Luna, quien actualmente está bajo proceso penal en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico.
García Luna habría tratado de ocultar la ayuda que brindó a los traficantes de droga, por lo que podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua. Según las investigaciones, a cambio de los sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus envíos de droga a la Unión Americana, así como información sensible sobre las investigaciones contra el cártel y grupos rivales.
Según la FGR, el exsecretario de Seguridad todavía tiene que enfrentar su juicio en Estados Unidos. Tras ese proceso, las autoridades de ese país decidirán si lo extraditan o no a México.
