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Otra zona exclusiva de la Ciudad de México se vuelve víctima de la voracidad inmobiliaria

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El rápido avance inmobiliario en las zonas centrales de la Ciudad de México se valió de un mecanismo eficaz para saltearse partes de la ley que cuidan las afectaciones a los derechos que causen a quienes viven alrededor. Los vecinos se han vuelto los verdaderos fiscales ante el descuido de las autoridades locales.
La obra en Coahuila #28 de la constructora GDC Desarrollos comenzó en plena pandemia. A pesar de las restricciones en el funcionamiento de prácticamente todas las oficinas de Gobierno de la capital mexicana, esto no ha sido impedimento para las torres de apartamentos, cuyo avance no se detiene ni cuando todo el mundo ha parado forzosamente.
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El caso de Tepeji 9, del que participó el colectivo vecinal Claudia Cortés, les mostró cómo las constructoras fingen o simplemente ignoran la obtención de una constancia de publicitación vecinal, en las primeras etapas del proceso de permisos oficiales que necesita toda obra.
"Esta constancia se estableció en la Ley de desarrollo urbano de la Ciudad de México en marzo de 2017, por lo que todos los proyectos de construcción que no la han obtenido desde entonces, son ilegales", dijo a Sputnik Arturo Aparicio, abogado e integrante del mencionado colectivo.

Los daños de Coahuila 28

El proyecto de GDG Desarrollos en Coahuila #28 que está ubicado en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc fue bautizado Único Roma, en línea con otros megaedificios que ya ha construido la misma empresa en otras áreas de la capital mexicana.
Shaday Silva, una de las vecinas afectadas que conversó con Sputnik, detalló que a mitad de septiembre de 2020 cuando comenzó la demolición del predio anterior, un representante de la empresa se presentó con otra vecina, dejó una tarjeta y se retiró.
"Uno no está acostumbrado a que se construya al lado de tu casa o atrás, y no sabíamos que información debían ellos presentarnos o cómo iba a ser el desarrollo", explicó en diálogo con este medio.
La falta de información previa a los vecinos colindantes inhibe las garantías prevista en la ley de desarrollo urbano, como veremos más adelante. Pero entonces, junto a otros vecinos de predios afectados, averiguaron cómo era el proyectado edificio y se alarmaron doblemente.
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Único Roma incluye la construcción de tres torres de departamentos con cinco pisos cada una, además de la excavación de dos pisos subterráneos de estacionamientos y medio sótano. Todo esto en una zona sísmica de alto riesgo que sufrió fuertes daños durante el reciente sismo del año 2017.
A pesar de que buscaron la intervención de todas las instancias involucradas, la alcaldía Cuauhtémoc, el Instituto de Verificación (INVEA), la Procuraduría ambiental (PAOT), sólo Protección Civil acudió a hacer una inspección durante la demolición.
Los vecinos organizados también consiguieron que la empresa les entregue una serie de documentos sobre el proyecto, entre los que está el estudio de mecánica de suelo, el cual analizaron a profundidad. Allí pudieron ver que la empresa había declarado que había hecho tres pozos a cielo abierto en el terreno para analizar la zona y no dañar a las colindancias, es decir, a los inmuebles vecinos.
"En la siguiente junta que tuvimos con la empresa, aceptaron que no habían hecho los pozos que declararon y se pusieron a hacerlos en ese momento usando maquinaria, cuando debería ser de forma manual para no dañar nuestra estructura", explicó la vecina afectada, a quien estos movimientos causaron la reapertura de dos grietas en su departamento que se habían abierto en el ya mencionado sismo de 2017.
"Le comentamos a la constructora que el problema no es que construyan sino la excavación subterránea, porque implica perforar un suelo de muy alto riesgo. Nos sorprende que le hayan dado un permiso de construcción así", apuntó Silva.

Los vecinos de Cuarón

Arturo Aparicio es abogado e integra el colectivo Claudia Cortés, que fundaron vecinos de las colonias Roma Sur y Norte, Condesa e Hipódromo a inicios de 2019 como un grupo de inconformes por el avance de las construcciones en la zona, que luego se bautizó con el nombre de una de sus fundadoras que falleció.
A partir del litigio por una obra inmobiliaria proyectada en Tepeji 9, precisamente la cuadra dónde se filmó la película Roma, el colectivo entendió que había un documento que todos los desarrolladores inmobiliarios ignoraban y que es una obligación desde marzo de 2017.
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"Antes que las autorizaciones que cada alcaldía revisa para dar trámite a una nueva construcción, se debe otorgar una constancia de publicitación vecinal que no está en ninguno de los proyectos de construcción de la zona", explicó Aparicio en diálogo con Sputnik.
El abogado comentó que a partir del trabajo organizado y de un mapeo de construcciones, los vecinos pudieron identificar un listado original de 30 construcciones que no cumplían este parámetro.
Apuntó que existe una diferencia entre el mecanismo de consulta pública previsto en las grandes obras o megaproyectos urbanos, que se organiza en torno a una votación abierta; del mecanismo de publicitación vecinal (que culmina con la emisión de la correspondiente constancia) en que la alcaldía correspondiente abre un proceso interno por medio de cual los vecinos se inconforman por violaciones a sus derechos o ante la detección de irregularidades.
En el caso de Coahuila 28, que Aparicio catalogó de complejo, los vecinos investigaron que el predio dónde GDC quiere construir fue expropiado por el Gobierno de la Ciudad de México en 1985 para construir vivienda social y treinta años después, aterriza allí un proyecto privado de alta plusvalía.
"A partir del caso de Tepeji, empezamos a mapear las construcciones y hoy tenemos una por cuadra. La arquitectura clásica de la colonia se ha ido deshaciendo y los negocios tradicionales han cerrado por el acoso del sector económico inmobiliario y las prácticas de competencia económica desleal de los nuevos comercios", apuntó el abogado.
Hoy, la obra en Tepeji 9 continúa parada gracias a un amparo promovido por este colectivo de vecinos, que apuntó ante la Justicia que había una falla en la falta de publicitación vecinal y ganaron. Fue la primera vez que este argumento se validó ante la Justicia capitalina para detener una obra en proceso.
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