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Los presupuestos españoles ponen a prueba la capacidad para gestionar las ayudas europeas
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El Congreso de los Diputados español aprobó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, calificados por el Gobierno como los "presupuestos... 03.12.2020, Sputnik Mundo
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El asunto supone un reto para España porque tradicionalmente la maquinaria burocrática de este país se ha manifestado lenta e ineficiente para gestionar las ayudas que llegan de Bruselas, unas ayudas que en muchas ocasiones quedan sin gastar. De hecho, a mediados de noviembre pasado el Tribunal de Cuentas europeo envió una advertencia al Gobierno español porque los gastos con cargo al presupuesto de 2019 incluían "demasiados errores".El Gobierno español ha adelantado ya que pretende destinar buena parte de estos 27.000 millones de euros —un 7% del presupuesto total de 383.000— a políticas de empleo, transición ecológica, rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración y grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, el proyecto para unir toda la costa mediterránea con la red ferroviaria europea de alta velocidad.En su reciente informe Cinco propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos, el profesor de la escuela de negocios Esade Manuel Hidalgo advertía recientemente que "la experiencia reciente en la ejecución de los fondos europeos demuestra que estamos mal preparados para absorber esa ayuda" y recordaba cómo, del Marco Financiero Plurianual 2013-20 [el presupuesto comunitario], España solo había asignado un tercio del dinero para finales de 2019 "y ahora la ayuda se va a multiplicar por cuatro".Tres años para 70.000 millonesEl gran volumen de gasto público previsto por el Gobierno español para los próximos años justifica las advertencias de este informe académico. Moncloa detalla en su Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia que concentrará el esfuerzo de movilización de los más de 70.000 millones en ayudas europeas a fondo perdido en los primeros tres años (2021-23) de los seis en los que se desembolsará el dinero.Efectivamente, las inversiones previstas superan cualquier esfuerzo público inversor anterior realizado por el Gobierno español. El único precedente similar fue el conocido como Plan E del Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008.En aquella ocasión, se dotó al país con inversiones directas por valor de 29.000 millones de euros que en su mayoría fueron a obra pública para absorber la gran cantidad de trabajadores de la construcción desempleados, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Esta vez las inversiones directas ascienden a 39.000 millones de los cuales más de 20.000 proceden de Bruselas.Una ardua tarea, por tanto, la de la maquinaria burocrática española que ya comienza a dar signos de modernización, como es el caso de la Junta de Andalucía que anunció el pasado 18 de noviembre el uso de robots para tramitar en un plazo récord de dos meses las ayudas previstas de 1.000 euros para unos 80.000 autónomos. Estos ordenadores tienen capacidad para comprobar 2.500 expedientes al día, una vez que se hayan solicitado las ayudas telemáticamente. Las autoridades andaluzas calculan que estas comprobaciones automáticas ahorrarán y agilizarán el trabajo de unos 150 trabajadores públicos.
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Los presupuestos españoles ponen a prueba la capacidad para gestionar las ayudas europeas
16:58 GMT 03.12.2020 (actualizado: 19:28 GMT 14.07.2022) El Congreso de los Diputados español aprobó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, calificados por el Gobierno como los "presupuestos de la recuperación" y que incluyen los primeros 27.000 millones de euros del fondo de 140.000 millones con el que la Unión Europea dotó a España para la salida de la crisis del coronavirus.
El asunto supone un reto para España porque tradicionalmente la maquinaria burocrática de este país se ha manifestado lenta e ineficiente para gestionar las ayudas que llegan de Bruselas, unas ayudas que en muchas ocasiones quedan sin gastar. De hecho, a mediados de noviembre pasado el Tribunal de Cuentas europeo envió una advertencia al Gobierno español porque los gastos con cargo al presupuesto de 2019 incluían "demasiados errores".
17 de octubre 2020, 17:16 GMT
El Gobierno español ha adelantado ya que pretende destinar buena parte de estos 27.000 millones de euros —un 7% del presupuesto total de 383.000— a
políticas de empleo,
transición ecológica, rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración y grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, el proyecto para unir toda la costa mediterránea con la red ferroviaria europea de alta velocidad.
En su reciente informe Cinco propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos, el profesor de la escuela de negocios Esade Manuel Hidalgo advertía recientemente que "la experiencia reciente en la ejecución de los fondos europeos demuestra que estamos mal preparados para absorber esa ayuda" y recordaba cómo, del Marco Financiero Plurianual 2013-20 [el presupuesto comunitario], España solo había asignado un tercio del dinero para finales de 2019 "y ahora la ayuda se va a multiplicar por cuatro".
Tres años para 70.000 millones
El gran volumen de gasto público previsto por el Gobierno español para los próximos años justifica las advertencias de este informe académico. Moncloa detalla en su Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia que concentrará el esfuerzo de movilización de los más de 70.000 millones en ayudas europeas a fondo perdido en los primeros tres años (2021-23) de los seis en los que se desembolsará el dinero.
"Si gestionar 56.000 millones en siete años está generando tantos retrasos y, al parecer, incapacidad, ¿qué pasará con una cantidad cuatro veces mayor y para un mismo periodo?", se pregunta el profesor Manuel Hidalgo que tiene en cuenta para su cálculo los 140.000 millones del fondo de recuperación más la parte que corresponde a España del presupuesto ordinario comunitario.
Efectivamente, las inversiones previstas superan cualquier esfuerzo público inversor anterior realizado por el Gobierno español. El único precedente similar fue el conocido como Plan E del Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008.
5 de octubre 2020, 22:15 GMT
En aquella ocasión, se dotó al país con inversiones directas por valor de 29.000 millones de euros que en su mayoría fueron a obra pública para absorber la gran cantidad de trabajadores de la construcción desempleados, como consecuencia de la
burbuja inmobiliaria. Esta vez las inversiones directas ascienden a 39.000 millones de los cuales más de 20.000 proceden de Bruselas.
Una ardua tarea, por tanto, la de la maquinaria burocrática española que ya comienza a dar signos de modernización, como es el caso de la Junta de Andalucía que anunció el pasado 18 de noviembre el uso de robots para tramitar en un plazo récord de dos meses las ayudas previstas de 1.000 euros para unos 80.000 autónomos. Estos ordenadores tienen capacidad para comprobar 2.500 expedientes al día, una vez que se hayan solicitado las ayudas telemáticamente. Las autoridades andaluzas calculan que estas comprobaciones automáticas ahorrarán y agilizarán el trabajo de unos 150 trabajadores públicos.
